
Artículo de opinión escrito por Jorge Peñúñuri Pantoja, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex| Vía: @Excelsior
La reforma a la Ley de Amparo propuesta por la titular del Ejecutivo federal tiene algunos aspectos de mejora debido a que pretende automatizar procesos y reducir tiempos que permitan mejorar la justicia en nuestro país.
- Sin embargo, el problema principal se centra en debilitar esa figura jurídica que por décadas ha sido uno de los mecanismos más sólidos para garantizar la justicia. Se trata de un instrumento que permite a cualquier ciudadano o empresa defender sus derechos frente a actos de autoridad que los vulneren. Gracias a esta herramienta se han protegido libertades fundamentales, corregido abusos y salvaguardado el Estado de derecho. No obstante, hoy enfrenta un riesgo que no puede pasar desapercibido: una propuesta de reforma que busca limitar su alcance.
El amparo no es un privilegio, es un derecho. Permite que la ley no se quede en el papel, sino que se viva en la práctica. Ha sido el recurso principal con el que las comunidades han defendido su acceso al agua, con el que las familias han protegido su patrimonio y con el que las empresas han garantizado la certeza para invertir y generar empleos
Reducir su efectividad significaría dejar a los ciudadanos más expuestos a decisiones arbitrarias, sin un contrapeso real frente al poder.
La iniciativa de restringirlo, lejos de fortalecer al sistema judicial, lo debilita. Al limitar la posibilidad de acceder al amparo, se reduce la capacidad de la sociedad para exigir justicia. Esto afecta directamente la confianza en las instituciones, en la imparcialidad de los jueces y en la certeza jurídica que debe prevalecer en cualquier democracia.
Desde Coparmex advertimos que debilitar el amparo también impacta de manera grave en la economía. Ninguna empresa, nacional o extranjera, puede sentirse segura en un país donde los contrapesos se reducen y donde la incertidumbre jurídica se convierte en la norma. La inversión requiere estabilidad, reglas claras y mecanismos eficaces de defensa. Sin ello, los proyectos productivos se frenan, la generación de empleo se reduce y la competitividad del país se erosiona.
Pero el debate sobre el amparo no es únicamente económico, es profundamente social. Quienes más necesitan de esta herramienta son los sectores más vulnerables de la población. Aquellos que, frente a decisiones injustas, han encontrado en el amparo el único medio para ser escuchados. Limitarlo sería cerrarle la puerta a la justicia y perpetuar desigualdades.
Defender el amparo es, en esencia, defender la democracia. Es asegurar que ningún poder esté por encima de la Constitución y que los derechos de los ciudadanos prevalezcan siempre sobre los intereses de quienes gobiernan. El amparo es una conquista histórica que México no puede permitirse perder.
Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz para protegerlo. Porque cuando se debilita el amparo se debilita la justicia; y cuando se debilita la justicia se debilita el país. México necesita instituciones fuertes, un Estado de derecho sólido y ciudadanos que puedan confiar en que sus derechos serán respetados. Ése es el verdadero cimiento de una democracia madura, y es nuestra responsabilidad defenderla.