El espejo incómodo de la ENVIPE 2025

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @laprensaoem.

X: @Armando_ZunigaS.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, publicada recientemente por el INEGI, confirma una de las mayores preocupaciones de los mexicanos: la inseguridad.

Este instrumento, consolidado como una de las mejores prácticas internacionales para medir victimización, delitos y percepción ciudadana, nos presenta un panorama integral sobre lo ocurrido en 2024 y pone de manifiesto que la violencia y la criminalidad continúan afectando gravemente a familias y comunidades en todo el país.

La encuesta indaga cuántos hogares fueron afectados por algún delito, qué tipo de delitos ocurrieron, cómo se vivieron y en qué medida fueron reportados.

Con esta información, se podrá comprender mejor la situación en materia de seguridad en todo el país y en cada estado. Con ello, es posible tomar decisiones más acertadas para apoyar a las víctimas y fortalecer las instituciones.

En el 29 % de los hogares mexicanos hubo al menos una persona víctima de la delincuencia, lo que explica los elevados niveles de percepción de inseguridad.

Entre 2018 y 2022, se había registrado una reducción paulatina de los delitos, pero en 2023 y 2024 se observaron repuntes del 16% y 5% respectivamente. En este escenario, los estados con mayor incidencia delictiva fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Aguascalientes.

Destacan algunos puntos clave: la Ciudad de México encabeza por tercer año consecutivo esta lista, con niveles de incidencia 20 % más altos que en 2021, así como una mayor proporción de personas que sufren delitos de forma reiterada.

Quintana Roo y Tlaxcala ingresaron recientemente a los primeros lugares, lo que enciende alertas rojas. Casos como Oaxaca, Durango, Querétaro, Chiapas y Yucatán muestran incrementos de entre 36 % y 70 % en los últimos tres años, lo que obliga a diseñar estrategias focalizadas.

Afortunadamente algunos delitos muestran una disminución, como el robo de vehículos, robo a casa habitación y asaltos en transporte público. Sin embargo, otros se han disparado. La extorsión destaca como una de las amenazas más graves. Ha crecido en cuatro de los últimos cinco años y alcanza niveles históricos, según información de fiscalías y procuradurías, con impactos severos en las víctimas y en la vida económica de comunidades enteras.

El costo de la inseguridad para los hogares se estimó en 269.6 mil millones de pesos, equivalente al 1 % por ciento del PIB. Cada víctima gastó en promedio 6,226 pesos para cubrir pérdidas y medidas de protección.

Pero quizá el dato más alarmante es el de la impunidad. La llamada “cifra oculta” alcanzó 93.2%, lo que significa que nueve de cada diez delitos no se denuncian o no derivan en una investigación formal. Las principales razones para no denunciar son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. Es un recordatorio de que el sistema de justicia sigue siendo un cuello de botella, y que sin fortalecerlo, cualquier estrategia de seguridad será insuficiente.

La ENVIPE también nos da un contexto que va más allá de la seguridad pública entendida como protección directa de las personas, sus bienes, su integridad física y sus libertades. Abarca preocupaciones que, de no atenderse, implican serios riesgos para la seguridad nacional. Temas como la salud, la escasez de agua y la presencia del narcotráfico, que ocupan un lugar central en la preocupación social en muchas entidades del país.

Ante este panorama, es necesario redoblar esfuerzos. Los elementos de una ruta efectiva ya están plasmados en las nuevas políticas públicas contra el crimen: objetivos claros de reducción, policías mejor preparados, inteligencia, coordinación interinstitucional, participación de expertos, estructuras de prevención y, sobre todo, estrategias regionales focalizadas. Lo urgente ahora es que estas herramientas se profundicen con rigor técnico, sin que se subordinen a intereses políticos. Solo así podrán comenzar a dar resultados sostenibles y verificables.

Hacemos un llamado a los ciudadanos para que sigamos atentos, no quitemos el dedo del renglón, analicemos la información local y tomemos medidas a nuestro alcance junto con nuestras familias y vecinos.

Estamos convencidos de que la seguridad exige un trabajo conjunto entre autoridades, ciudadanos e iniciativa privada. Solo así podremos construir entornos más seguros, confiables y propicios para el desarrollo de todos.