
Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @Excelsior
La independencia del Poder Judicial es la piedra angular del Estado de derecho y la garantía de que la justicia se administre con equidad y transparencia. Sin embargo, la reciente reforma que introduce la elección por voto popular de jueces y magistrados ha desatado un debate intenso en México. Esta iniciativa, que en apariencia busca democratizar la selección de quienes imparten justicia, ha puesto en evidencia dificultades legales, operativas y presupuestales que amenazan con debilitar la integridad de nuestro sistema judicial.
El proceso de elección, que abarca la selección de 881 cargos a nivel nacional —entre los cuales se incluyen los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito y jueces de distrito— requiere criterios técnicos rigurosos y un marco normativo claro. La implementación de Comités de Evaluación, creados para depurar a los candidatos en un proceso acelerado, se ha visto gravemente afectada por la ausencia de leyes secundarias y reglamentos que definan con precisión sus procedimientos y atribuciones. Esto ha generado una notable incertidumbre respecto a la validez de las decisiones adoptadas, minando la confianza que la ciudadanía deposita en la justicia.
Además, se han identificado irregularidades en las listas de candidatos, tales como modificaciones sin justificación y omisiones de datos esenciales, lo que resalta la necesidad urgente de establecer mecanismos de control rigurosos y transparentes. La coexistencia de suspensiones provisionales por parte de jueces de distrito, contrarias a las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha contribuido a forjar un ambiente de inseguridad jurídica que afecta no sólo la administración de justicia, sino también la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas.
Esta reforma al Poder Judicial no constituye meramente un cambio en el proceso electoral, sino una apuesta por el futuro de la justicia en México. El riesgo de que la politización se imponga sobre criterios técnicos es real y alarmante. Es indispensable que este proceso se desarrolle en un marco de diálogo y consenso, en el cual la supervisión y la rendición de cuentas sean asumidas por organismos autónomos y especializados. La transparencia en cada etapa resulta esencial para evitar que la elección judicial se convierta en un instrumento de control partidista y para preservar la imparcialidad y la estabilidad de nuestro sistema. En la Coparmex reconocemos que un Poder Judicial fuerte y autónomo es esencial para atraer inversiones, fomentar el crecimiento económico y garantizar la equidad social. La incertidumbre que se genera por una reforma mal implementada puede tener consecuencias de largo alcance, afectando la confianza de inversionistas y ciudadanos por igual. Por ello, es vital corregir las deficiencias actuales y establecer mecanismos que aseguren un proceso electoral judicial justo, riguroso y basado en criterios técnicos.
El futuro de México depende de contar con instituciones sólidas y respetadas. La elección de jueces y magistrados debe ser un ejercicio de transparencia y responsabilidad, que fortalezca el Estado de derecho y consolide la confianza en la impartición de justicia. Es tarea del gobierno, la sociedad civil y del sector empresarial trabajar de manera coordinada para perfeccionar esta reforma y garantizar que la justicia siga siendo el pilar fundamental sobre el cual se construya el progreso y el bienestar de la nación.
El reto es enorme, pero la voluntad de avanzar y fortalecer nuestro sistema de justicia es aún mayor. Únicamente mediante un proceso transparente, participativo y orientado a la excelencia, México podrá asegurar que la justicia siga siendo el cimiento sobre el cual se construya un futuro de oportunidades para todos. La independencia judicial es, sin duda, el camino hacia un México más justo, estable y próspero.