Es urgente una Ley General contra la Extorsión

Introducción

Ante los recientes hechos de violencia y la inseguridad que prevalece en diversos estados del país y que lastiman a familias y a toda la sociedad, consideramos urgente reforzar las políticas, la estrategia y las medidas de seguridad. Para COPARMEX, uno de los mayores desafíos es la extorsión, un delito en aumento que, sin una legislación eficaz, pone en riesgo la economía, el tejido social y la seguridad.  

Este delito afecta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las MiPyMEs y familias mexicanas. Sus modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo inclusivo del país. Es urgente discutir y aprobar una Ley General contra la extorsión. En esta Señal COPARMEX exponemos nuestros argumentos y posturas respecto al tema.

Un delito con diversas tipificaciones y alta cifra negra de denuncias

El artículo 390 del Código Penal Federal define la extorsión como el acto de obligar a alguien, sin derecho, a realizar o tolerar algo para obtener lucro o causar perjuicio patrimonial. La pena actual va de 2 a 8 años de prisión.  

Los grupos criminales han diversificado sus métodos, afectando a empresas, pequeños negocios y la población en general, incluidos migrantes. Bajo la apariencia de “protección”, imponen pagos regulares, suplantando funciones estatales como la seguridad y la recaudación de impuestos. También hay servidores públicos que exigen sobornos para evitar sanciones.  

Uno de los principales obstáculos para combatir este delito es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales. En algunos estados, se clasifica como “uso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, debilitando las investigaciones. Además, la ausencia de coordinación entre fiscalías estatales y la FGR impide respuestas efectivas.  

La cifra negra es alarmante: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los delitos de extorsión no se denuncian. El miedo a represalias de criminales y funcionarios deja a las víctimas indefensas. En algunos estados se ha registrado un incremento de hasta el 50% en seis años, evidenciando la urgencia de atender este fenómeno. 

Solo en enero de este año se registraron 923 víctimas de extorsión, un 13.3% más respecto al mes anterior y 3.8% más en comparación con enero de 2024, un promedio diario de 30 casos.[1]

Este fenómeno frena el desarrollo y crecimiento económico, ya que las empresas y pequeños negocios destinan recursos para evitar ser víctimas. En muchos casos, se ven obligados a pagar cuotas para seguir operando. En 2023, el costo de la extorsión fue de casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima.[2]

Implicaciones de incluir la extorsión en el artículo 19

La reforma al artículo 19 constitucional, publicada el 31 de diciembre de 2024, incluyó la extorsión en los delitos con prisión preventiva oficiosa, pero lejos de combatirla, permite que los acusados aleguen su inconvencionalidad y obtengan beneficios judiciales. Además, cuando las carpetas de investigación están mal integradas, los jueces aplican automáticamente la medida sin un análisis adecuado, dejando en indefensión a las víctimas. Nos oponemos a su inclusión en el catálogo de delitos graves porque vulnera la presunción de inocencia, compromete la integridad de los detenidos, contradice las políticas de seguridad ciudadana y puede usarse con fines facciosos o para cometer abusos.

La propuesta de COPARMEX: una reforma a la Constitución y la aprobación de una Ley General

En COPARMEX sugerimos reformar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Extorsión, que coordine acciones, persiga el delito eficazmente y genere estrategias conjuntas para su erradicación. Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los Códigos Penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que requiere una legislación nacional que homologue el delito y sus penas.

Hacemos un llamado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para retomar el proceso legislativo y someter el dictamen aprobado al Pleno. Es urgente una ley general que coordine responsabilidades entre las autoridades y fortalezca el trabajo de las Fiscalías a nivel nacional.

Desde COPARMEX hemos trabajado en una propuesta de Ley General desde la LXV Legislatura junto con especialistas, penalistas, constitucionalistas y la ANADE. También hemos colaborado con la exsecretaria Rosa Icela Rodríguez, CONASE, la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de COPARMEX y la Comisión de Seguridad del CCE. Esta propuesta está lista para ser discutida en el Congreso una vez que la reforma constitucional avance.

Demandamos la creación urgente de una Ley General de Extorsión para coordinar autoridades, unificar modalidades y sanciones, y combatir eficazmente este delito, cuyo crecimiento descontrolado afecta gravemente a empresas y ciudadanos. Es momento de actuar con firmeza para frenar la extorsión y garantizar la seguridad en México.  

[1] Datos a enero 2025 del SESNSP.

[2] ENVIPE, 2024, INEGI.