
Artículo escrito por Gustavo Mauricio Núñez Avendaño, Presidente del Comité Micros y Pequeñas Empresas de Coparmex | Vía:@elsolde_mexico
El pasado fin de semana se llevó a cabo un proceso inédito: la elección de integrantes del Poder Judicial mediante el voto ciudadano. Lo que debió ser un ejercicio para fortalecer la legitimidad de la elección de los integrantes del Poder Judicial en nuestro país terminó evidenciando una profunda desconexión entre el modelo propuesto y la voluntad popular, además de una preocupante desinformación entre los ciudadanos para emitir un voto informado y con conocimiento pleno de quiénes participaron en esta elección.
Según datos del propio INE, la participación ciudadana osciló entre el 12.57% y el 13.32%, lo que significa que 9 de cada 10 mexicanos decidieron no participar. ¿Podemos entonces hablar de legitimidad cuando el 87% de la ciudadanía ignoró esta jornada? Las razones de no participar pueden ser muchas, y habría que evaluarlas. Pero más allá de los números, el proceso expuso fallas estructurales preocupantes: poca información, irregularidades en casillas y una sensación generalizada de desconfianza.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99% de las unidades económicas en México, esta elección no es ajena: tiene un impacto directo en la continuidad de sus vocaciones empresariales, especialmente en la promoción de su formalidad y fortalecimiento.
El Poder Judicial es, en muchos casos, la única defensa real ante abusos contractuales, arbitrariedades regulatorias o actos de corrupción. Un sistema judicial autónomo, profesional y accesible es indispensable para su desarrollo y permanencia.
Las MiPyMEs enfrentan ya múltiples barreras: excesiva carga regulatoria, trámites costosos y marcos legales poco claros. Sin certeza jurídica, muchas quedan fuera de cadenas de valor, pierden oportunidades de internacionalización y se desincentiva su formalización.
Si el sistema judicial se debilita o se politiza, las más afectadas serán precisamente las empresas con menor capacidad de defensa legal: aquellas que, siendo el motor económico y social de nuestro país, enfrentan mayores retos para sostener su operación formal.
Hoy, algunas grandes compañías buscan —y tienen— la posibilidad de resolver disputas en tribunales internacionales. Las MiPyMEs no tienen esa opción. Necesitan justicia local, eficaz y confiable. Por eso, cualquier intento de reformar el sistema judicial debe priorizar la meritocracia, la evaluación técnica y la imparcialidad, por encima del control político o la popularidad de quienes imparten justicia.
Además, es fundamental revisar el costo regulatorio que afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas. Muchas señalan que lidiar con la opacidad institucional, los trámites innecesarios y los vacíos legales impacta directamente su operación. Un sistema judicial sólido debe acompañarlas, no dejarlas solas frente a un aparato burocrático que no atiende la Mejora Regulatoria en los tres niveles de gobierno.
Desde organismos empresariales como COPARMEX, se trabaja y se han presentado propuestas para que la reforma judicial sea seria, técnica y participativa. Creemos que la justicia no debe ser botín político ni campo de batalla electoral. Debe ser garante de derechos, inversión, empleo, legalidad y continuidad de las operaciones de las MiPyMEs.
La experiencia reciente nos deja una lección clara: una reforma mal diseñada puede generar más incertidumbre que confianza. Las MiPyMEs no piden privilegios; exigen reglas claras, protección real y condiciones justas para competir.
El fortalecimiento del Estado de derecho no es una opción: es la base para que las empresas sigan siendo el motor económico y social de México. También son vehículo de cambio para generar condiciones de prosperidad en su entorno, con el ímpetu, los sueños, el esfuerzo y el trabajo del día a día de millones de emprendedores, micro y pequeños empresarios que siguen siendo resilientes ante los retos y oportunidades que enfrentan. #OpiniónCoparmex