Extorsión, debe ser prioridad para el gobierno federal

Artículo de opinión escrito por Jorge Peñúñuri Pantoja, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex| Vía: @Excelsior

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El delito de extorsión se ha colocado como una de las principales afectaciones para la sociedad mexicana, pero también como una de las principales fuentes de ingreso para grupos criminales, pues se calcula que, tan sólo en 2024, este delito representó una pérdida de alrededor de 26 mil millones de pesos, de acuerdo con la Envipe del Inegi. Tan sólo en lo que va de este sexenio, hasta febrero de 2025, se han registrado 4,648 víctimas, lo que representa un promedio de 31 delitos de extorsión al día.

Es necesaria una seria reflexión: ¿qué se necesita para atender correctamente este delito? Pues los factores que han hecho que prolifere se deben al costo-beneficio que representa para los criminales. Es decir, si hacemos un análisis, el beneficio que un grupo de delincuentes puede obtener respecto al delito de secuestro es menor, puesto que ello implica una logística muy particular: se requiere un número mínimo de personas —por ejemplo, un analista, las personas que ejecuten el delito, diversos vehículos, una casa de seguridad, cocineros, cuidadores, etcétera. Por el contrario, la extorsión implica muy pocos recursos: un vehículo, que en muchas ocasiones es una motocicleta, dos personas y, posiblemente, un arma. Aunque el monto que se pide es menor al solicitado en un secuestro, puede ser mucho mayor cuando se realiza de forma masiva en colonias, pueblos o plazas, con la garantía de que será de forma periódica.

Esta situación pone a flote la falta de estrategias y políticas públicas adecuadas y contundentes para su atención. A nivel local, cada entidad tipifica este delito de formas diversas, pero muy cercanas a lo que estipula el Código Federal, encontrándose descritas pocas modalidades sobre cómo se puede ejecutarse este delito. Esto hace que, al no contar con las herramientas legislativas adecuadas, los criminales sean imputados por delitos menores.

Dentro de la diversidad en que se puede realizar el delito de extorsión, nos encontramos con una modalidad predominante: las llamadas telefónicas. Ante este hecho, la llamada puede provenir de un penal en Monterrey, extorsionando a una persona en Puebla, lo que implica que, geográficamente, se visualicen múltiples complejidades para castigar dicho acto, derivando, sin duda, en que las víctimas no quieran denunciar.

El gran riesgo en que se ponen las economías del país parece no ser dimensionado por las autoridades locales y federales, pues un comerciante, que todos los días abre su negocio para obtener ganancias, en muchas ocasiones se ve orillado a cerrar, ya que resulta insostenible que las pocas ganancias se destinen a pagar a personas que no han trabajado por ellas. En consecuencia, al cerrar el negocio, el dueño tampoco tendrá ingresos para mantener a su familia, sin contar que los empleados también dejarán de percibir ingresos para sus familias.

Es urgente hacer un cambio en las estrategias, acompañado de adecuaciones legislativas. Desde la Coparmex hemos impulsado una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia del delito de extorsión y, con ello, presentar una iniciativa de ley general que permita homologar la tipicidad de este delito en todo el país, contemplando las diversas modalidades y estableciendo penas adecuadas que contribuyan a una correcta atención y castigo.

Si bien recientemente se realizó una reforma al artículo 19 constitucional para incluir el delito de extorsión como uno que amerita prisión preventiva oficiosa, esta medida no abona en una correcta atención, pues provoca una puerta giratoria en la cual los delincuentes son detenidos y, de inmediato, se les impone la privación de la libertad. Esto resulta completamente inconvencional, ya que, en múltiples ocasiones, se ha llamado a México a retirar esta medida, que viola la presunción de inocencia; el juez en cuestión se ve obligado a liberar al delincuente, pues la defensa puede invocar la violación tajante de los derechos humanos de sus defendidos.

En México, gran parte del éxito que anhelamos se encuentra en el trabajo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial. Hacemos un llamado al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para aperturar el diálogo y permitir que la voluntad de construir un país más seguro dé buenos resultados.