Fortalecer la formalidad del empleo y salarios dignos para reducir la pobreza.

Artículo de Opinión escrito por Francisco López Díaz / Director General de Coparmex / Vía: @Excelsior

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Cuando hablamos de política social resulta fácil la asociación con programas asistenciales y transferencias, pero los datos nos muestran una realidad más contundente: la mejor política social es el empleo formal bien remunerado.

La medición de la pobreza multidimensional del Inegi revela que en 2024 29.5% de la población (38.5 millones de personas) vive en pobreza multidimensional; mientras que la pobreza extrema afecta a 5.3% de los mexicanos, aunque este último es el nivel más bajo registrado desde que se inició la medición en 2008.

Sin embargo, la disminución de la pobreza no es suficiente si no se acompaña del acceso a derechos sociales primarios, pues se observa un aumento en las carencias en salud, educación y vivienda.

La evidencia es clara: la remuneración por trabajo subordinado representa entre 46% y 66% del ingreso total de los hogares, y su incremento entre 2018 y 2024 explica buena parte de la reducción de la pobreza en el país. El crecimiento del salario mínimo —con un aumento real cercano al 150% desde 2016 y un punto de quiebre en 2019 con la decisión tripartita de la Conasami— ha demostrado que los ingresos laborales son el motor más eficaz para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos.

Donde los salarios y la formalidad avanzan, la pobreza disminuye; donde persiste la informalidad, los avances son frágiles y temporales.

La informalidad sigue siendo un freno. Casi la mitad de la población carece de seguridad social y un tercio no tiene acceso pleno a servicios de salud, condiciones que limitan no sólo los ingresos, sino la capacidad de ahorrar, acceder a vivienda o garantizar pensiones futuras.

Este desafío exige políticas de formalización claras y simplificadas, especialmente para las mipymes, que representan 99.8% de las unidades económicas del país. Facilitar la incorporación gradual a la seguridad social y la fiscalidad progresiva permitirá que más trabajadores accedan a derechos y salarios dignos, generando bienestar estructural.

El presupuesto debe reflejar estas prioridades. No basta con destinar recursos a transferencias; es indispensable garantizar que salud, educación y capacitación lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan. Programas sectoriales centrados en la mejora de las habilidades y competencias de los trabajadores, así como la certificación y vinculación con cadenas de valor y oportunidades de relocalización, son claves para sostener aumentos salariales y mejorar productividad.

La política social de México tiene un eje claro: las empresas y los empresarios que crean empleos formales con salarios justos. Por eso, mantener el rumbo requiere acelerar la formalización, fortalecer la capacitación y asegurar cobertura en salud y educación. Sólo así los avances serán permanentes y alcanzarán a los estados con mayor rezago, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

El presupuesto 2026 debe ser un instrumento que potencie el ingreso laboral, acompañe la inversión productiva y reduzca la vulnerabilidad de manera sostenible.

En Coparmex creemos que un México con menos pobreza será posible si colocamos al trabajo formal y bien remunerado en el centro de la política social. Cada salario justo es un paso hacia la igualdad, la productividad y el desarrollo regional. Por eso, invertir en quienes generan empleo y bienestar no es gasto, sino la inversión más eficiente y sostenible en nuestro futuro colectivo.