IMMEX en peligro de extinción…

Artículo de Opinión escrito por Hector De La Miyar Garza | Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario | Vía: @elsolde_mexico

Samsung, la empresa surcoreana fabricante de productos electrónicos, enfrenta actualmente un litigio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por una presunta doble tributación. La compañía opera en México desde 1980, cuando abrió su planta en Tijuana, Baja California, dedicada a la fabricación de pantallas; y desde 2003 cuenta con otra en Querétaro, enfocada en la producción de electrodomésticos.

Este litigio no solo involucra a una de las mayores empresas tecnológicas del mundo, sino que también pone en juego el futuro de la industria de la transformación en México y del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Exportación), uno de los instrumentos más exitosos de fomento a la inversión extranjera y a las exportaciones del país.

El origen y propósito del programa IMMEX

El programa IMMEX nació en 2006, a partir del decreto que sustituyó al anterior Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), vigente desde 1993. Su objetivo ha sido claro: promover la inversión extranjera directa, generar empleos, incrementar las exportaciones y fortalecer el ecosistema económico nacional.

Este esquema permite a las empresas importar insumos de manera temporal, libre de impuestos y sin restricciones no arancelarias, con el compromiso de transformar, elaborar o reparar esos materiales para su posterior exportación. El beneficio es doble: fomenta la competitividad de las empresas mexicanas y mantiene a México como un destino atractivo para la manufactura global.

Los riesgos que enfrenta el programa

Sin embargo, el programa IMMEX enfrenta hoy dos grandes amenazas.

La primera proviene de empresas fachada que, de forma indebida, se acogen al programa para introducir mercancías terminadas al país, simulando procesos de transformación o reparación con el fin de evadir impuestos y regulaciones. Este mal uso ha generado desconfianza y ha puesto bajo sospecha a todo el esquema.

La segunda amenaza proviene de la propia autoridad fiscal. La Secretaría de Hacienda ha intentado aplicar criterios de doble tributación en las llamadas “transferencias virtuales”, es decir, en las operaciones documentales entre empresas IMMEX que participan sucesivamente en la cadena de producción antes de la exportación final.

Estas transferencias —denominadas “exportaciones virtuales”— no implican una venta al consumidor final ni generan valor agregado interno, pues la mercancía no se destina al mercado nacional. Por lo tanto, no deberían estar sujetas al cobro del IVA, ya que ello distorsionaría la esencia misma del programa.

El criterio de la Suprema Corte

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha coincidido en que no es procedente gravar con IVA las transferencias virtuales, puesto que estas operaciones se encuentran protegidas por el espíritu del decreto IMMEX: fomentar la exportación de productos manufacturados en México.

No obstante, si el fallo judicial favorece a la Secretaría de Hacienda, el precedente podría resultar devastador. Afectaría a miles de empresas que operan legítimamente bajo este esquema desde hace más de tres décadas, generando incertidumbre jurídica y desincentivando la inversión extranjera.

Las posibles consecuencias económicas

De confirmarse el criterio de Hacienda, cualquier industria mexicana que participe en el programa IMMEX estaría en riesgo de ser gravada de forma injustificada. Ello podría desencadenar una migración masiva de plantas industriales hacia otros países con mayor certidumbre fiscal, provocando la pérdida de miles de empleos directos e indirectos.

Además, los gobiernos estatales dejarían de percibir ingresos por concepto de impuestos sobre nómina y prediales, mientras que el gobierno federal perdería recaudación de ISR y otras contribuciones. En conjunto, el impacto representaría un severo desequilibrio en el ecosistema económico nacional.

En definitiva, México perdería mucho más de lo que la Secretaría de Hacienda pretende obtener en este litigio. Castigar a quienes sí cumplen con la ley sería un golpe innecesario a la confianza de los inversionistas y a uno de los motores industriales que más ha contribuido al crecimiento económico del país.