La elección en el Poder Judicial, no hubo transparencia a lo largo de todo el proceso. 

Artículo de Opinión escrito por Gerardo Aranda Orozco , Expresidente Nacional de COPARMEX  | Vía: @Excélsior

Consecuentes con la reforma al Poder Judicial, se ha llevado a cabo un proceso que tuvo su momento estelar el pasado 1 de junio, cuando tuvo lugar un ejercicio electoral inédito en nuestra joven democracia: la elección popular de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Nuestra Confederación (Coparmex) llevó a cabo, como en procesos electorales de otra índole, un ejercicio de observación apoyada en ciudadanos a todo el proceso electoral –no sólo el día de la elección–, cuyos principales hallazgos pongo a su consideración, apreciable lector:

Baja participación y falta de legitimidad. Fue notoria la escasa participación ciudadana (8 a 13%), confirmando que este modelo no surge de una demanda social, sino que es el resultado de una reforma que no tuvo el mínimo consenso ni el suficiente respaldo técnico.

El proceso fue opaco. Se eliminaron mecanismos de participación ciudadana, dejando a la autoridad, entre otras cosas, el conteo de votos, debilitando la legitimidad institucional y la confianza en los resultados obtenidos.

Se registraron incidencias operativas negativas y deficiencias logísticas. En nuestro reporte, a las 10:30 de la mañana, sólo estaban instaladas 64% de las casillas, algunas con suplentes o incompletas. Son notables los numerosos reportes de irregularidades. Fueron documentadas prácticas de coacción, compra de votos, acarreo, proselitismo y reparto de despensas en casillas, así como distribución de “acordeones” y boletas marcadas previamente.

A lo largo del proceso no hubo transparencia ni suficiente información pública sobre los candidatos, su trayectoria, mérito y propuestas, por lo que los ciudadanos no pudieron ejercer un voto razonado con información adecuada. Llama la atención que, antes de la elección, se señalaron candidaturas con vínculos objetables o que después se invalidaron, lo que refleja desaseo en la selección.

Al aplicarse la reforma sin un consenso plural ni respaldada en criterios técnicos para proponer a los candidatos y su debida evaluación, se advirtió de los riesgos incurridos para la independencia y autonomía del Poder Judicial y la seguridad jurídica, por lo que el proceso fue gravemente politizado, reduciendo la confianza para la inversión y dejando a las empresas medianas y pequeñas prácticamente en la indefensión.

Por lo anteriormente expuesto, la elección no representa un ejercicio democrático auténtico ni legitimante; pone a la vista graves deficiencias operativas, logísticas y de transparencia, socava la independencia judicial y deteriora el Estado de derecho.

Este ejercicio no puede ser modelo para futuros procesos y sí exige la urgencia de construir una reforma judicial cimentada en criterios técnicos, y a partir de un análisis comparativo con otros sistemas implementados en el mundo que han probado ser mejores.

La experiencia nos permite la actualización y mejora del proceso, abandonando los rasgos de retroceso estructural que abonan a la consideración de que se avanza en una regresión democrática.

Algunas ideas para debatir en vistas de mejorar: abandonar la elección popular de jueces como único método, pudiendo adoptar mecanismos mixtos o colegiados en la selección de jueces; que el proceso tenga reglas claras, técnicas y participativas; garantizar transparencia total sobre los candidatos, su formación, trayectoria y sus vínculos; fortalecer los órganos electorales y judiciales; sancionar de manera ejemplar la coacción, el acarreo y el uso electoral de la justicia, y educar a la ciudadanía sobre el papel del Poder Judicial, entre otras.