La incongruencia al descubierto

Artículo de opinión escrito por Rosa Marta Abascal,  Vicepresidente de Comunicación e Incidencia COPARMEX | Vía Reforma

Twitter: @rmabascal

Nadie por encima de la ley, una frase acuñada por Andrés Manuel López Obrador que hoy, de forma flagrante, se vuelve en su contra al querer ponerse él mismo por encima de la ley.

El presidente está pavimentando un régimen de excepción a favor de sí mismo, a favor de su gobierno, a favor de sus obras con el pretexto de la “seguridad nacional”.

La Ley de Seguridad Nacional define a la misma como “acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, para la preservación de la soberanía y la defensa del territorio”.

Creo que no se necesita muy docto para comprender que ninguna de las obras públicas de este gobierno se enmarca en la protección de la soberanía ni contiene ninguna amenaza o riesgo para México.

El acuerdo que el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación, le permite en

un plazo no mayor a cinco días, obtener los permisos que requiera para iniciar la obra o el proyecto que él decida siempre y cuando sea considerado prioritario por el mismo.

Esto violenta a diversos sectores:

1. La sociedad que pudiera ser afectada por las obras o proyectos planteados por el gobierno federal, tanto en ámbitos ecológicos y de salud, como de acceso a los servicios, como económicos y que no serán indemnizados por tales daños y será muy difícil interponer amparos contra dichas obras que sean efectivos. Esto viola gravemente los derechos humanos de los involucrados, muchos de los cuales sin indígenas.
2. El legislativo, pues el cumplimiento de la ley emanada de sus decisiones se vuelve optativo dando al traste con la división de poderes.
3. Gobiernos estatales y municipales, así como empresas privadas que por supuesto no gozan de esos mismos “derechos” al no participar en los proyectos del gobierno federal. No hay condiciones para una competencia ni política ni económica en igualdad de condiciones. Este acuerdo le permitía también al gobierno guardar en la caja fuerte toda la información dé los proyectos, de tal forma que buscaba impedir que esta fuera conocida por los reportes, periodistas, medios de comunicación y por lo tanto la sociedad que merece saber en qué se gastan los recursos que da el gobierno para que los administre, esconder estos datos nos haría retroceder décadas en temas de transparencia. Si la Constitución protege el derecho de los ciudadanos a obtener la información que requieren en relación con las actividades y decisiones de las autoridades y el presidente evita que esto se lleve a cabo con la publicación de su “acuerdo”, está violando la Constitución una vez más poniéndose por encima de ella. Por lo ya expresado, este acuerdo nos empuja irremediablemente a la corrupción, la impunidad, la inseguridad jurídica y la autocracia. ¿Nadie por encima de la ley?… Pues el presidente ya se puso por encima de la ley. No le alcanzó la congruencia.