Artículo de Opinión escrito por: Jorge Ramírez Hernández | Vicepresidente Nacional de Sustentabilidad de Coparmex | Vía: El Sol de México
Twitter: @jrh67er
Las soluciones para garantizar la disposición y distribución del agua deberían estar al margen de decisiones políticas de corto plazo que privilegien intereses de grupo o partido y estar siempre direccionadas al bien común.
En estos momentos que está en revisión la Ley de Aguas Nacionales se debe analizar la modificación de las atribuciones y la forma de gestión de CONAGUA, pues así como está estructurada no tiene ni la capacidad de gestión ni la autoridad, para cumplir con su responsabilidad en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.
Mi propuesta es darle a la CONAGUA el carácter de organismo autónomo descentralizado, con un gobierno corporativo encabezado por un consejo formado por líderes con gran autoridad moral, visión estratégica, capacidad técnica y sin vinculo partidista, electos por procesos de selección muy cuidados desde el Congreso, que propongan una estratégica técnica de largo plazo y transparente que fortalezca al equipo técnico operativo con el que ya cuenta la propia comisión.
Deberá contar con más autoridad y recursos para desarrollar un plan general de país, que permitan que todos los Estados de la República tengan acceso al agua desde las diferentes cuencas, privilegiando soluciones técnicas y sociales, más que geográficas y políticas. De esa forma administrar mucho mejor la incorporación de nuevos títulos de concesión y fiscalizar los ya extendidos.
La distribución que hay a lo largo del país están muy mal supervisada; las ciudades han crecido en todo el país y muchas de las concesiones originalmente con uso agrícola hoy tienen otra utilización, pues han sido absorbidas por las manchas urbanas. Urge una fiscalización adecuada para conocer el destino y la eficiencia en el uso del agua.
El valor de una parcela se establece, más que por la extensión del terreno, por la cantidad de agua con que cuenta, por lo que al tiempo que se invierte en sistemas que mejoren la eficiencia del uso del agua en estas tierras, y con ello reducirse la demanda, el efecto es que nadie aceptaría que le reduzcan por esta consecuencia sus títulos de concesión.
Por otro lado, la mayor parte de los organismos operadores mantienen eficiencias físicas por debajo del 40-50%, por lo que sus resultados no son ni rentables ni sostenibles, poniendo en gran riesgo el abasto en el tiempo. Urgen también soluciones de gobernanza en el servicio público urbano que garanticen eficiencia y aprovechamiento del agua. Si se cobra el servicio con tarifas inteligentes y subsidiarias, y esos recursos se invierten en infraestructura también de manera inteligente, se garantiza una solución sostenible en el largo plazo.
Deberemos también cambiar la cultura en la que el tratamiento es un gasto para simplemente limpiar las aguas usadas, por una en la que se convierta en la materia prima del reúso, construyendo de esta forma un círculo virtuoso que nos permita dar más usos a la misma agua.
