Artículo de Opinión de Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex
Twitter: @hernandez_sd
“El papel del ciudadano en nuestra democracia no acaba con el voto” Barack Obama
Con un 29.95 por ciento de participación electoral en Baja California, Morena ganó la gubernatura, cinco alcaldías y 17 diputaciones durante la reciente jornada electoral. El gobernador electo, Jaime Bonilla, obtuvo 50 por ciento de la votación, equivalente a 382 mil 308, mismos que representaron 13.6 por ciento del total de sufragios disponibles del estado. Esta representatividad fue similar en el resto de los puestos elegidos.
En términos prácticos, 14 por ciento de la población de Baja California que salió a votar le entregó un “cheque en blanco” a Morena. Una población que con un alto grado de abstencionismo, resultado del hartazgo de los gobiernos del PAN y del PRI, le entregó su destino a un sólo partido. Morena ganó también Puebla, con lo que tiene ya siete gubernaturas. Eso significa que gobierna a 30 por ciento de la población del país, a 36 millones de mexicanos. Además, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la mayoría en el Congreso de Quintana Roo y con esos resultados suma 21 congresos estatales en su poder. El PAN retuvo los cuatro municipios en los que ya gobernaba en Aguascalientes, también conservó la mayoría del Congreso en Tamaulipas; en Durango aumentó el número de municipios que ya gobernaba.
Esos resultados electorales representan una victoria para Morena, refrendándose como la fuerza electoral preponderante en toda la República, derrumbando el bastión y la hegemonía que representaba el panismo en Baja California. ¿Para qué le alcanza a Morena esta representatividad?… prácticamente para todo.
Un congreso estatal mayoritario puede aprobar presupuestos municipales y estatales priorizando o eliminando programas específicos e incrementando la deuda pública. Puede además avalar reformas constitucionales.
Puede nombrar y remover a los miembros y titulares de organismos autónomos como la Auditoria Superior del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Publica, la Comisión de Derechos Humanos, próxima Fiscalía General de Justicia incluyendo a todos los responsables del Sistema Anticorrupción del Estado. En ese contexto, el contrapeso ciudadano hoy es más importante que nunca, entendiéndose un contrapeso como la fuerza que un elemento ejerce para sostener o generar equilibrio. En el sistema político mexicano, el contrapeso institucional debería recaer en la división de los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y en los organismos constitucionales autónomos como los mencionados, para que puedan operar entre ellos como un sistema que permita dividir y controlar el ejercicio del poder.
Para que estos contrapesos se den, requerimos de mayor participación ciudadana que exija e impulse la transparencia y la rendición de cuentas.
En la medida que exista esa participación ciudadana, esta se convertirá en un actor indispensable en la construcción de mejores gobiernos. Es hora de trabajar juntos empresarios, academia y sociedad civil, generando una democracia con verdaderos contrapesos.