Artículo escrito por Gustavo Almaraz Petrie, Presidente del Comité de Estrategia Pública de Coparmex vía Expansión Política
Twitter: @gustavoalmarazp
Pese a ello, en 2021, México fue catalogado como el 9º receptor mundial de inversión extranjera directa (IED) y el 6º entre las economías en desarrollo, según el World Investment Report 2021 publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
El 24 de mayo, la Secretaría de Economía informó que la IED de la Balanza de pagos ascendió a 19,427.5 mdd en el primer trimestre de 2022, un incremento anual de 20.3% favorecida por la fusión de Televisa y Univisión, y la reestructura de Aeroméxico, aunque, restando esas dos transacciones, el crecimiento fue de 5.8% superior al monto preliminar correspondiente al mismo periodo de 2021.
En la balanza de pagos contrasta que los mexicanos están invirtiendo en el exterior, pues la IED de mexicanos en el extranjero fue de 5,453.7 mdd en el primer trimestre de 2022, 161% más que en el primer trimestre de 2021.
El Monitor de Tendencias de Inversión de la UNCTAD, publicado a principios de este año, indica una fuerte recuperación de los flujos mundiales de IED en 2021, impulsados por los paquetes de inversión en infraestructura, aunque los principales sectores industriales aun dan muestra de debilidad.
Contra las tendencias mundiales, en México no se ha implementado un plan integral de recuperación económica y sigue pendiente la presentación del tercer paquete de infraestructura entre el gobierno y el sector privado.
Lo que es un hecho es que, pese al contexto, México sigue siendo destino atractivo para la inversión, principalmente de Estados Unidos, España y Canadá. La interrogante es cómo mantener condiciones óptimas para hacer negocios y conservar las ventajas competitivas del país como destino de inversión hacia el futuro.
De lo anterior deriva la relevancia de contar con un marco regulatorio claro, conservar equilibrios institucionales, generar incentivos productivos que no sean solo coyunturales, así como aprovechar los beneficios que implica contar con mecanismos como el T-MEC, tanto por el marco constitucional que representa como por la relación con nuestros socios comerciales.
Sin duda, garantizar ese ambiente es atribución y responsabilidad del gobierno, pero el sector privado puede y debe coadyuvar para generar esas condiciones. Lo anterior lo puede hacer desde su marco de competencia, convirtiéndose en palanca de desarrollo y abonando a la construcción democrática, la cual es la garante de instituciones sanas y fuertes que resultan condicionantes para promover la inversión en pro de México.