- Un país democrático fomenta el diálogo, la inclusión y el respeto a la pluralidad.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá intervenir para revertir decisiones legislativas que así lo ameriten.
El primer periodo de sesiones del año en el Congreso que concluyó este 30 de abril estuvo marcado por la radicalización, la polarización y posibles fallas procesales que pudieran derivar en ilegalidades. En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazamos este comportamiento ya que un país que se precia de ser democrático no debe permitir ejercicios desaseados que atentan contra la voluntad ciudadana y la Constitución.
No estamos de acuerdo en que la elaboración o modificación de leyes que norman nuestras conductas como sociedad, nuestra vida política y económica y que todos debemos acatar, se realicen mediante procesos alejados de la deliberación pública, con una persistente negativa a escuchar de manera activa la opinión de la sociedad civil y, lo más importante, sin acatar la normatividad y el debido proceso legislativo.
Lamentamos profundamente que para la autorización de por lo menos 20 disposiciones que legisladores del partido en el poder y sus aliados aprobaron fast track, entre ellas la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), la extinción de Financiera Rural, las nuevas disposiciones en materia de licitaciones públicas, unificación de órganos internos de control, compras consolidadas y reorientación del pago de derechos de turistas extranjeros, la seguridad en aviación civil, cambio climático, así como la nueva Ley de General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, los grandes ausentes hayan sido la política, el diálogo y la voluntad de construir acuerdos.
En Coparmex estamos convencidos que no se justifica que el diseño, discusión y aprobación de leyes se dé por la vía rápida como lo que ocurrió con las disposiciones que profundizan en el control de las Fuerzas Armadas en tareas civiles como la gestión ferroviaria, aeroportuaria o su involucramiento en la política de promoción de la ciencia con las reformas que extinguieron al CONACYT.
La cerrazón y mucho menos la militarización son la solución; lo deseable es que prevalezca el diálogo, la inclusión y el respeto a la pluralidad. Las minorías no deben ser aplastadas o acalladas por las mayorías; deben ser respetadas, y su voz debe ser escuchada para alcanzar consensos y evitar imposiciones, que son propias de gobiernos autoritarios donde no existe el Estado de Derecho.
En los últimos días fuimos testigos del profundo desaseo con el que el Congreso aprobó leyes en nuestro país; es esencial y confiamos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise lo aprobado por el Poder Legislativo y eche abajo cualquier iniciativa que vaya en contra de los establecido en nuestra Constitución.
México no puede ni debe ser presa de grupos políticos y sus intereses, es necesario que el Poder Judicial resuelva cualquier controversia, por el bien mayor de nuestro país.