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La inseguridad y la impunidad son dos de los flagelos que las autoridades deben atender de manera urgente.
No sólo tienen implicaciones directas en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que al evidenciar las graves deficiencias institucionales, inhiben la inversión productiva y el desarrollo.
El combate a la inseguridad y a la impunidad, involucra leyes adecuadas, instituciones fortalecidas y funcionarios competentes en todos los aspectos del fenómeno criminal: prevención, investigación, procuración, enjuiciamiento, encarcelamiento, rehabilitación y reinserción social.
La adopción del nuevo sistema de justicia penal adversarial y el fortalecimiento de la tutela de los derechos humanos, son pasos en la dirección correcta que dio México en los últimos años.
Sin embargo, la experiencia ha demostrado con contundencia, que el incremento desmesurado de conductas delictivas de gran impacto, hace necesario encontrar un balance entre valores jurídicos como la presunción de inocencia y el debido proceso, con las aspiraciones sociales como la paz y la seguridad.
En fechas recientes una de las propuestas legislativas que logró consenso político y social para atender la problemática de la impunidad, fue aumentar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El planteamiento consiste en ampliar la lista de delitos que hoy se consideran graves, y por tanto, meritorios de prisión para el imputado, en tanto se desarrolla el proceso judicial.
Hoy en día, muchas conductas de alta lesividad social, permiten que el inculpado de las mismas, disfrute de libertad en tanto se tramitan los procesos judiciales que se les instruyen en relación con las mismas.
Celebramos que legisladores federales de distintas formaciones políticas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, estén logrando consensos para impulsar una iniciativa tendiente a que los delitos relacionados con el uso ilegítimo de programas sociales con fines electorales, la corrupción en diversas modalidades, y el robo de hidrocarburos, por ejemplo, sean catalogados como graves.
Sin embargo, nos parece inadmisible y preocupante, que algunos delitos que se habían considerado para ampliar la lista, quedaron fuera de este catálogo de los ilícitos cuyo enjuiciamiento implicará la prisión preventiva.
En la reforma legislativa que se está discutiendo hoy en el Congreso de la Unión, delitos como la portación de armas de uso restringido y el robo a transporte de carga, han sido eliminados del catálogo de delitos graves que darán pie a la prisión preventiva del imputado en tanto se le somete a juicio.
En México en 2017, según datos de la Procuraduría General de la República, esa institución abrió 96,035 carpetas por delitos del orden federal, de esos, uno de cada siete fue por posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Otra fuente oficial, en el INEGI, documentó que en el mismo 2017, de 23,702 causas penales ingresadas a juzgados de distrito, el 50.2% estuvieron relacionadas con armas y explosivos. Informaron además, que 2017 fue –hasta entonces- el año más violento para México, registrando 31,174 homicidios, de los cuales el 68.4 por ciento, es decir 21,318, fueron con arma de fuego.
Aun cuando la estadística 2018 está en proceso, el panorama no es alentador. Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó a noviembre del año anterior, poco más de 26 mil homicidios dolosos. Se estima que la cantidad de los que fueron realizados con armas de fuego, no variará respecto a lo documentado un año atrás.
Por otra parte, el robo al transporte de carga, se ha incrementado en forma exponencial en los últimos años.
Se estima, de acuerdo a la estadística de la CANACAR, que entre 2013 y 2017, el robo a transporte de carga incrementó en un 480%.
Tan solo en 2017 se registraron un total de 10,230 robos a los transportes de carga, lo cual representó una pérdida para las empresas, de 92,500 millones de pesos.
Lo más lamentable, es que las personas que cometen de forma organizada y sistemática este tipo de aversiones al orden social, ordinariamente eluden hoy la acción de la justicia.
Por ello, es impostergable que en el proceso legislativo, esos delitos se incluyan en el catálogo de los que serán merecedores de prisión preventiva, evitando así que se mantenga el fenómeno de puerta giratoria, que resulta ya una burla para la justicia y un claro fomento a la impunidad.
Combatir la impunidad en forma efectiva, requiere de una política integral de la procuración de justicia, que respetando los derechos humanos y basada en evidencia probatoria, asegure que los enjuiciamientos a los verdaderos delincuentes tenga como corolario, una sentencia condenatoria al violados de la ley.
De allí la importancia de la iniciativa que COPARMEX y The World Justice Proyect presentaron en días pasados al Congreso de la Unión, para que se expida una Ley Nacional de Actos de Investigación.
Un informe realizado por la Procuraduría General de la República en 2017, encontró que de las 63 mil carpetas de investigación iniciadas de 2014 a 2016, el 65% permanecían pendientes de determinación.
Mientras tanto, las carpetas que fueron efectivamente llevadas a juicio sólo representan el 0.1% de todas las investigaciones abiertas en esos dos años.
Si se faculta a los policías para investigar los delitos, pero de forma complementaria se reglamenta su acción en la Ley Nacional de Actos de Investigación, podemos tener una expectativa razonable de que quien infringe la ley, sean enjuiciados de forma eficaz, evitando que el fenómeno de impunidad se siga empeorando.
En Coparmex creemos que la ampliación del catálogo de delitos en los que el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva oficiosa, es una señal esperanzadora de que el combate a la impunidad será una asignatura prioritaria para el Gobierno Federal.
Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, para que la reforma legal que se apruebe, considere como delitos graves el robo a transporte de carga y la portación de armas de fuego.
Debemos evitar que el fenómeno de puerta giratoria se siga incrementando, y con ello, los ciudadanos y las empresas sigan siendo víctimas de la inseguridad.
Nunca debe de olvidarse, que brindar a los gobernados seguridad, orden y paz, es la función originaria, primordial e irremediable del Estado.
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