
Artículo escrito por Carlos Chávez de Icaza, Presidente Nacional del Comité de Difusión en COPARMEX | Vía: @SinEmbargoMX
X: @cchicaza
Si actuamos ahora, podemos retomar el dinamismo perdido y sentar las bases de un crecimiento con justicia. De lo contrario, el riesgo de estancamiento se convertirá en una sentencia de largo plazo para el bienestar de México.
En este 2025 los signos de alerta son claros: la economía mexicana pierde fuerza y coquetea con un estancamiento que ya se nota en la vida diaria de empresarios y trabajadores. No se trata de una advertencia retórica: los datos lo confirman. Tras una caída de (-)0.7 por ciento en el cuarto trimestre de 2024, el PIB creció apenas 0.2 por ciento en los primeros tres meses de este año. Aunque el INEGI reportó un avance de 0.2 por ciento mensual y 1.3 por ciento anual en junio, esa pequeña racha de tres meses no basta para revertir las tendencias estructurales que detienen la inversión y truncan el empleo.
El pulso de la inversión productiva es particularmente alarmante. Desde septiembre, la inversión fija bruta registra descensos continuos, y en abril la inversión en maquinaria y equipo retrocedió 9.1 por ciento, sobre todo, en bienes importados. Con una inversión total que se quedó en 23 por ciento del PIB —muy lejos del 25 por ciento mínimo esencial para crecer de forma sostenida—, y con la inversión pública desplomada 24.4 por ciento, México enfrenta un déficit de recursos que retrae proyectos y aplaza decisiones de expansión.
Ese freno se refleja en el mercado laboral. Entre enero y junio de 2025 solo se crearon 87 mil 287 empleos formales en el IMSS. Esa cifra representa una caída de 70.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se generaron 295 mil 58 empleos, y es el nivel más bajo desde 2004. Además, en junio el número de patrones asegurados cayó 2.9 por ciento, evidencia de que miles de unidades productivas cierran o regresan a la informalidad. Sin empleo digno, el bienestar social se erosiona.
El consumo tampoco escapa a la desaceleración. Tras un repunte en abril, mayo y junio mostraron debilidad. Las remesas, vitales para 4.9 millones de hogares, cayeron 3.0 por ciento en los primeros cinco meses del año. Mientras tanto, la confianza del consumidor se situó en 45.4 puntos en junio, por debajo del umbral de optimismo. Esa cautela en el gasto limita la demanda interna y demora la recuperación.
Fuera de nuestras fronteras, persiste la amenaza de un arancel del 30 por ciento a productos mexicanos a partir del 1º de agosto. Aunque las exportaciones totales crecieron 3.4 por ciento de enero a mayo, el sector automotriz sufrió una caída de 9 por ciento en sus envíos a Estados Unidos. Especialistas de Banxico coinciden en que, tras la inseguridad, la incertidumbre comercial es el principal obstáculo al crecimiento.
Ante este escenario, corresponde actuar con decisión. Urge reactivar la inversión productiva y consolidar un marco de Estado de Derechos que impulsen la certidumbre jurídica. Es indispensable garantizar seguridad para Personas y Empresas, y consolidar un sector energético competitivo y confiable. Asimismo, debemos diversificar mercados y fortalecer la colaboración entre autoridades y el sector productivo.
La estrategia debe centrarse en medidas de corto plazo —incentivos fiscales temporales, agilización de trámites y apoyo a las MiPyMEs— y en reformas de fondo: modernizar la legislación laboral, mejorar la regulación energética y reforzar la protección de la propiedad intelectual.
La recuperación económica no llegará por sí sola. Requiere voluntad política, respaldo institucional y el compromiso de empresarios y trabajadores. Si actuamos ahora, podemos retomar el dinamismo perdido y sentar las bases de un crecimiento con justicia. De lo contrario, el riesgo de estancamiento se convertirá en una sentencia de largo plazo para el bienestar de México. Nuestro país necesita recuperar su dinamismo ahora, con visión de largo plazo, solidaridad y compromiso con el desarrollo de todos.