Tiro de gracia a la inversión.

Articulo de Opinión escrito por Gerardo Trejo Veytia, Vicepresidente de Sustentabilidad de Coparmex Vía: @heraldodemexico

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La iniciativa de reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobada en el Congreso representará el tiro de gracia a la confianza para la inversión en nuestro país, después del severo daño ya ocasionado con la cuestionada reforma al Poder Judicial.

En lo que va del año, la inversión fija bruta -que corresponde a la inversión en activos fijos como maquinaria y equipo, indispensables para el crecimiento económico y la creación de empleos- muestra una marcada tendencia a la baja.

Los cambios a la Ley de Amparo restringen la suspensión de actos de autoridad presuntamente arbitrarios mientras se resuelve el fondo del asunto. Este es actualmente el único recurso que evita daños irreparables mientras concluye un proceso legal. Limitarlo afectará gravemente la seguridad jurídica de cualquier ciudadano o emprendedor en México.

Sin seguridad jurídica no hay confianza para invertir; y sin inversión, no es posible un crecimiento económico vigoroso ni la generación de empleos productivos, indispensables para alcanzar un desarrollo verdaderamente inclusivo.

De publicarse la reforma en los términos propuestos, si un emprendedor tiene la mala fortuna de que la autoridad tributaria presuma alguna irregularidad en su operación, bastará la presunción -sin prueba del hecho- para que la autoridad pueda congelar cuentas o cancelar sellos fiscales, sin que el empresario tenga recurso alguno para defenderse.

Si al final se demuestra que la presunción era equivocada, ya será demasiado tarde: la empresa probablemente estará en quiebra y varias familias habrán perdido su fuente de sustento. En pocas palabras, las autoridades fiscales tendrían “licencia para matar empresas”.

El juicio de amparo, creado en el siglo XIX y consolidado en la Constitución de 1917, ha sido fundamental para frenar abusos de poder y garantizar derechos frente a actos arbitrarios de la autoridad.

La primera reforma impulsada por la administración pasada ya había restado eficacia a este importante instrumento ciudadano, al eliminar la aplicación general de los efectos de un amparo cuando se dictaban varias sentencias similares sobre un mismo asunto. Es decir, aunque se reconozca que la actuación de la autoridad es abusiva o inconstitucional, hoy solo se protege a quien tiene los recursos y conocimientos para ampararse, dejando en la indefensión al resto de los ciudadanos.

La actual iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo fue aprobada en el Senado de la República con una escandalosa adición de retroactividad, a todas luces inconstitucional. Lo absurdo de esta adición de último momento hacía pensar que solo se trataba de una burda estrategia de “cargar el burrito”:

Un arriero luchaba en el camino porque su burro, cargado al máximo, se había echado y se negaba a caminar. Pasó un niño y le dijo que sabía cómo lograr que el burro se levantara. El arriero, incrédulo, preguntó cómo. El niño respondió: “¿Ves esa piedra grande? Levántala y colócala encima de la carga”. El arriero protestó: “¡Chamaco sonso! Si el burro no camina porque ya está muy cargado”. El niño insistió: “Hazme caso”. El arriero obedeció; luego el niño dijo: “Ahora quítasela”. En ese momento, el burro se levantó y siguió su camino.

Aunque se había anunciado que la retroactividad sería eliminada en la Cámara de Diputados, resulta que sorprendentemente se volvió a incluir pero disfrazada; los cambios aprobados son lo suficientemente graves para dañar aún más la confianza en la inversión y la certeza jurídica. En consecuencia, representarían un tiro de gracia para muchos emprendedores y pequeñas empresas (Pymes), que ya no contarían con ningún instrumento efectivo para defenderse frente a actos arbitrarios de la autoridad.

Nuestro país enfrenta una situación económica compleja, con riesgos geopolíticos relevantes en el corto plazo. La muy cuestionada reforma al Poder Judicial y la percepción de una menor independencia en sus resoluciones parecen haber ahuyentado inversiones, lo que se refleja en las disminuciones de la inversión fija bruta.

Pese a los respetuosos y enérgicos llamados a la Cámara de Diputados para que abriera un periodo de amplia deliberación, escuchando a expertos y a la comunidad jurídica del país, a fin de evitar el debilitamiento de la Ley de Amparo, prácticamente ninguna propuesta fue incluida en el dictamen final.

El amparo protegía antes de esta reforma a todos frente a posibles abusos de autoridad. Es el recurso más eficaz que tienen las personas y las empresas para detener actos que violan derechos humanos y la Constitución. Desde 1917 ha sido un pilar del Estado de Derecho, asegurando que ninguna autoridad esté por encima de la ley fundamental.

El amparo permite una defensa inmediata frente a actos arbitrarios que pueden causar daños irreparables, como embargos, clausuras o bloqueos financieros. Es una herramienta de protección frente a posibles abusos de autoridad, y su existencia aumenta la confianza de los inversionistas.

El Amparo no es un privilegio, sino una conquista ciudadana que garantiza el Estado de Derecho y fortalece la democracia.