Uno de los mayores retos que enfrenta México en la lucha contra la corrupción, consiste en erradicar este flagelo en todos los órdenes de gobierno, no solo en el ámbito federal. De hecho, el desafío es igual o más complejo en los estados y municipios. Es un hecho que aún prevalecen altos márgenes de discrecionalidad en el uso de recursos públicos.
Para dimensionar la gravedad del problema, puede indicarse que en el ámbito local, según el indicador #DineroPrófugo de #DataCoparmex, los gobiernos estatales no han aclarado el destino de cerca de 80 mil millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2016.
Para contribuir a la solución de la problemática de corrupción que existe a nivel local, la Coparmex, junto con Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Causa en Común, promovieron desde 2017 y de nuevo para las elecciones locales de 2018, los “11 Compromisos Contra la Corrupción”.
El objetivo fue que los candidatos a las gubernaturas estatales que han estado en disputa se comprometiesen de forma pública e incondicional, a adoptar medidas específicas que permitan combatir la corrupción en los gobiernos estatales que pretendían encabezar.
Las medidas cuya adopción se pide como un compromiso incondicional, se pueden englobar en tres dimensiones: la consolidación de las instituciones anticorrupción, el fortalecimiento de la transparencia institucional, y el rediseño de normas en materia de adquisiciones y obra pública.
En específico, los 11 Compromisos contra la Corrupción son:
Estos compromisos engloban medidas que, de forma concreta y atendiendo a todo el ciclo del gasto público, limitarán la capacidad de los gobernadores para tener gastos irregulares o poco transparentes.
Resulta alentador que en los últimos dos años, de entre los 68 candidatos que han contendido para ser gobernador, el 90% de ellos se han comprometido a realizar las medidas propuestas para combatir la corrupción.
Entre los candidatos ganadores a las gubernaturas en disputa en 2017 y 2018, nueve de ellos se adhirieron: Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tabasco y Yucatán.
Por su parte, tres de los candidatos a gobernador que ganaron las elecciones en Chiapas, Morelos y Veracruz, no firmaron y aún no se han adherido a ellos.
Es por ello que hoy hacemos un llamado a los gobernadores que asumieron los “11 Compromisos Contra la Corrupción”, para que en congruencia con dichos compromisos, inicien ya su implementación.
De igual manera, extendemos el llamado a los gobernadores que no los han asumido, para que se comprometan con esta agenda por la integridad de la función pública en sus estados.
Para ello, se propone establecer una mesa técnica que dé seguimiento al cumplimiento de varias de las medidas suscritas.
Una primera necesidad para enfrentar la corrupción estatal de manera efectiva, es la creación y consolidación de las instituciones anticorrupción.
Para consolidar este orden institucional, los gobernadores de los nueve estados se comprometieron a dos medidas específicas:
Garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado revisando su diseño, y concretar el establecimiento del Sistema Local Anticorrupción, promoviendo la conformación de todas las instancias necesarias para su funcionamiento.
Si bien se han dado enormes avances en ambos puntos, todavía existen varios Estados que presentan importantes pendientes.
Entre los 12 Estados que tuvieron elecciones locales en 2017 y en 2018, la Ciudad de México (electos en 2018) todavía no cuenta con una ley orgánica para el establecimiento de la Fiscalía General Estatal autónoma e independiente.
Asimismo, existen ocho estados que todavía no han conformado ni siquiera la mitad de las instancias necesarias para poner en marcha su Sistema Local Anticorrupción. Entre ellos se encuentran estados como Chiapas y la propia Ciudad de México.
Una segunda dimensión indispensable en el combate a la corrupción es el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia de los gobiernos estatales.
Un gobierno abierto a hacer público el patrimonio de sus funcionarios y a poner su evolución bajo el escrutinio público es un gobierno comprometido con la transparencia y, por lo tanto, menos proclive a incurrir en actos de corrupción.
Los candidatos que suscribieron los “11 Compromisos contra la Corrupción”, aceptaron implementar mecanismos para asegurar la transparencia de sus gobiernos, tales como publicar su declaración 3 de 3 tanto en el caso del propio gobernador y de sus funcionarios, reducir al mínimo los pagos en efectivo y publicitar las observaciones que las entidades de fiscalización hagan a sus dependencias.
Sin embargo, queda mucho por hacer. De acuerdo al índice de información del ejercicio del gasto del IMCO, en la calificación del 0 a 100, de las 12 entidades con elecciones en 2017 y 2018, solo Coahuila, Puebla, Tabasco y en el caso de Veracruz cuentan con calificaciones aprobatorias, es decir son capaces de comenzar a reducir condiciones de opacidad y verificar el cumplimiento de la normatividad existente en materia de contabilidad gubernamental.
Por último, en los compromisos se dio especial énfasis en combatir la corrupción que se da en la asignación y ejecución de la obra pública.
La contratación de obra pública es una asignatura especialmente proclive para la discrecionalidad en el uso de recursos públicos, por lo que se propuso una estrategia integral para combatir la corrupción asociada a este rubro.
Una cuestión fundamental a la que se tendrán que abocar los que fueron candidatos a gobernadores que se comprometieron con los “11 Compromisos contra la Corrupción” es a promover un nuevo marco normativo en la materia.
Los gobernadores electos deberían modificar las leyes estatales de la materia, para establecer requisitos mínimos de planeación para proyectos de infraestructura y realizar todos los procesos de compra pública a través del portal CompraNet, tal como lo indica la ley.
Nuevamente, tenemos información de que queda mucho por hacer. El Índice Legal de Obra Pública (ILOP) 2018, elaborado por el IMCO, muestra que ninguna entidad federativa cumple con más del 70% de los requisitos mínimos para que la obra pública tenga criterios técnicos, operativos y presupuestales adecuados.
Por su menor cumplimiento de entre los Estados que recientemente eligieron a su Gobernador, destaca el estado de Coahuila donde la Ley en materia de obras públicas no cuenta siquiera con reglamento, lo que provoca enormes deficiencias de ejecución y pulverización de las normas administrativas.
Los compromisos ya están asumidos por 9 de los 12 gobernadores electos entre 2017 y 2018. Ahora es el momento de cumplirlos.
Hacemos un llamado a los gobernadores que comenzaron su gestión en 2017 y los que están por arrancar sus funciones, a iniciar a la brevedad la implementación de estas medidas.
Para dar seguimiento a su cumplimiento, deberían de conformarse Mesas Técnicas en cada entidad con funcionarios gubernamentales de primer nivel y participación de actores sociales relevantes.
Esta instancia sería la responsable de establecer métricas para la evaluación de su cumplimiento, dar seguimiento y publicar sus resultados cada tres meses.
Extendemos el llamado a los gobernadores electos que no se han comprometido con estas medidas, para que asuman esta agenda.
Todavía es momento de comprometerse con la iniciativa y de demostrar en los hechos, su compromiso genuino con la transparencia y el combate a la corrupción.
También exhortamos a los ciudadanos de las entidades referidas, para que den seguimiento a la firma (si no se ha dado) y al cumplimiento de los once compromisos que configuran la agenda mínima en materia de anticorrupción.
La prevención y el combate a la corrupción no solo les corresponde a los gobernantes, es una tarea a la que todos los ciudadanos nos debemos de comprometer.
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