Elección y el futuro del Sistema de Justicia en México

Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior

X: @Armando_ZunigaS

La elección de jueces y magistrados en México el primero de junio, marcará un antes y un después en el sistema judicial. Por primera vez, el voto ciudadano definirá quiénes ocuparán 881 cargos a nivel federal, además de otros puestos en 19 estados. Lo que se plantea como un esfuerzo por democratizar el acceso a la justicia también genera incertidumbre: ¿se está fortaleciendo el Poder Judicial o se está comprometiendo su independencia?

En este proceso hay razones a favor y en contra de ir a las urnas. Quienes apoyan la elección por voto popular argumentan que es una oportunidad para acercar la justicia a la ciudadanía y hacerla más accesible, otros, críticos del propio proceso, señalan que es una forma de activar la participación ciudadana, minimizar el daño, seleccionando los mejores prospectos. Pero también hay quienes advierten que el modelo podría politizar el sistema judicial y poner en riesgo la imparcialidad de jueces y magistrados, que es una forma de validar una simulación.

La pregunta no es solo votar o no, que entra en un terreno muy delicado, el de las libertades ciudadanas, sino lo que implica esta decisión para el futuro del país.

Independientemente de la postura que se tenga, hay algo que no debe pasar desapercibido: la necesidad de observar el proceso electoral de cerca. No basta con esperar a ver los resultados; es fundamental documentar cómo se desarrolla la elección, identificar irregularidades y generar información que pueda ser útil para mejorar futuras reformas. Diversas organizaciones sociales y empresariales han hecho énfasis en este punto, señalando que la observación no es apoyo, sino una herramienta de análisis y acción.

Para quienes decidan participar en la elección, el reto será hacerlo bien informados. No se trata de elegir jueces al azar, sino de evaluar su trayectoria, independencia, capacidad técnica y quiénes han propuesto su candidatura, ya sea el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial o los que estando en funciones dentro del sistema, han decidido participar. Es importante que los ciudadanos analicen a fondo los perfiles y eviten decisiones basadas en campañas superficiales o promesas populistas. El INE ofrece una valiosa herramienta para este fin, en la que puede consultar el perfil y propuestas de más de 3,400 candidatos.

Adicionalmente, más allá de la elección, se va a necesitar un mecanismo de rendición de cuentas que garantice que los jueces electos realmente cumplan con su labor de manera transparente y justa. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial puede convertirse en un paso en esa dirección, pero su efectividad dependerá de que se mantenga independiente y ajeno a intereses políticos.

Desde el ámbito empresarial, la reforma genera inquietud por su posible impacto en la estabilidad jurídica del país. Las empresas deberán revisar sus contratos, reforzar el cumplimiento normativo, evaluar el impacto de las inversiones y adaptarse al nuevo sistema. La incertidumbre jurídica podría afectar al conjunto de la economía, lo que obliga a los empresarios a mantenerse atentos a la evolución del proceso.

El gobierno, por su parte, tiene mucho por corregir si quiere generar confianza en esta reforma y contar con herramientas frente al cambio en el orden económico internacional, enfocado en las ventajas locales y regionales.

La elección judicial no debe convertirse en una lucha de poder ni en un experimento de popularidad. Si realmente se busca fortalecer el sistema judicial, deben establecerse reglas claras y previsibles para la resolución de conflictos legales, garantizar información accesible, evitar cualquier intento de influencia indebida, asegurar que los jueces y magistrados no estén sujetos a presiones políticas, fomentar el surgimiento de instancias independientes que supervisen el impacto de la reforma en la estabilidad jurídica y económica y fomentar el diálogo con el sector empresarial y sus expertos.

Lo que México necesita no es solo una elección judicial, sino un debate de fondo sobre el acceso a la justicia. Se requiere un sistema basado, entre otros aspectos, en el Estado de Derecho, no solo en la idea de la legalidad, la igualdad ante la ley, la libertad y la presunción de inocencia. Si este proceso no responde a esas exigencias, será únicamente un cambio superficial que no resuelve los problemas de fondo. La clave está en observar, participar de manera informada y exigir transparencia.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), como observadores ciudadanos en todo el territorio nacional, estaremos muy atentos al desarrollo del proceso, señalando puntualmente todos los aspectos que consideremos importantes para su integridad y proponer ajustes que ofrezcan una mayor certeza jurídica.