Frente a la Reforma Antilavado, Coparmex defiende un equilibrio entre regulación y competitividad empresarial

• Combatir el lavado de dinero es fundamental, pero requiere eficiencia regulatoria, proporcionalidad jurídica y realismo operativo.

• Modificar la LFPIORPI sin gradualidad ni incentivos, amenaza la operación de miles de negocios formales.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), reconocemos la importancia de fortalecer el marco normativo en la prevención del lavado de dinero y coincidimos en la necesidad de asegurar la transparencia financiera conforme a estándares internacionales. No obstante, advertimos que la Minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), recibida en Diputados y que se analizará en Comisiones, podría afectar la operación diaria de las empresas, especialmente de las MiPyMEs, que representan el 99% del entramado productivo nacional.

Nuestra inquietud se centra en la sobrerregulación que implica esta reforma, al ampliar significativamente las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables. Estas modificaciones exigen a las empresas identificar y conocer a todos sus clientes mediante documentación oficial y, en el caso de personas morales, recabar información detallada sobre los beneficiarios. 

Además, obliga a monitorear y avisar operaciones, lo que amplía el universo de transacciones sujetas a fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Aunado a ello, prevalece la restricción al efectivo, situación que no refleja la realidad del país, con relación a la falta de bancarización de muchos clientes.

La implementación de esta iniciativa implicaría una inversión significativa en infraestructura tecnológica, capacitación constante del personal y contratación de servicios externos para garantizar la ejecución. Para muchos negocios, especialmente los de menor tamaño, esto representa una carga económica difícil de absorber. El desarrollo o adquisición de sistemas capaces de identificar operaciones que no sean conforme al perfil transaccional y generar avisos en los formatos requeridos por la autoridad, necesita recursos que no están al alcance de todos.

Adicionalmente, las multas podrían alcanzar más de 7.3 millones de pesos, o incluso montos equivalentes al 100% de la operación. La eliminación del requisito de demostrar dolo en algunos casos abre la puerta a responsabilidades penales automáticas. 

Reiteramos que la integridad financiera y la reputación global de las empresas mexicanas son fundamentales. Sin embargo, para que cualquier norma sea efectiva, requiere acompañamiento técnico, gradualidad y sensibilidad al entorno empresarial. Muchas unidades económicas registradas como actividades vulnerables aún no cumplen totalmente con la LFPIORPI. La propuesta, lejos de mejorar el cumplimiento, podría fomentar la informalidad o provocar cierres de negocios.

Llamamos a los legisladores integrantes de la Cámara de Diputados para que dentro del proceso de análisis y discusión se tomen en consideración el diálogo, la evidencia y la responsabilidad. Proponemos un modelo proporcional, escalonado y con incentivos que facilite el cumplimiento, especialmente para las MiPyMEs. Compartimos el objetivo de prevenir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad empresarial. México exige instituciones sólidas, normas efectivas y una regulación inteligente que no frene el desarrollo productivo ni castigue a quienes generan empleo.

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