
Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía:@SinEmbargoMX
“La elección judicial mostró que la ciudadanía demanda reglas claras, árbitros autónomos y justicia que funcione”.
La elección judicial debe leerse como una advertencia, no como un manual a seguir. Lo que vivimos durante ese proceso —la opacidad, la baja participación y la sensación de un experimento institucional que dejó más dudas que certidumbres— marca el punto de partida de la discusión que hoy se abre: la reforma electoral. No podemos permitir que un error institucional se convierta en precedente.
En los próximos meses se discutirá una iniciativa que podría modificar principios esenciales del sistema político. El Gobierno ya instaló una comisión presidencial para abordar la reforma electoral, y el calendario político sugiere que esta discusión será prioritaria. Esa dinámica vuelve urgente una condición ineludible: la reforma debe construirse con diálogo amplio, con voces ciudadanas y con criterios técnicos, no con decretos ni con urgencias de corto plazo.
Desde Comparmex sostenemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede ser debilitado. El INE es una institución ciudadana; su autonomía, su profesionalismo y su vínculo con la sociedad fueron conquistas colectivas que no se regalan ni se negocian a puerta cerrada.
Además, cualquier propuesta que busque subordinarlas o alterar la representación proporcional sin consenso representará un retroceso democrático.
Recordemos que la alternancia, la inclusión y la representación plural no brotaron por capricho de los gobiernos; se lograron por la exigencia pública de académicos, periodistas, organizaciones y empresarios. Ese legado obliga: las reformas que tocan la competencia política deben preservarlo y fortalecerlo, nunca erosionarlo. Las reglas electorales no son instrumentos para perpetuar mayorías; son garantías para la competencia y la rendición de cuentas.
Hay riesgos concretos sobre la mesa: atentar contra la autonomía del árbitro electoral, distorsionar la representación proporcional o cerrar espacios políticos para las minorías. Cada uno de estos cambios converge en un escenario: concentración del poder sin contrapesos. Cuando las reglas son manipuladas, los contrapesos se desacreditan y la democracia comienza a resquebrajarse desde adentro.
La legitimidad democrática se construye con instituciones fuertes y participación informada, no con atajos legislativos. La elección judicial mostró que la ciudadanía demanda reglas claras, árbitros autónomos y justicia que funcione. Si la justicia pierde autonomía, pierde el país; si se debilita el INE, se debilita la confianza pública y con ella la inversión y la estabilidad que empresarios y trabajadores necesitan para prosperar.
Estamos a tiempo de corregir el rumbo. Es importante sumarnos al llamado de actores de la sociedad civil para abrir un verdadero diálogo nacional que permita consensos. No debemos aceptar iniciativas que reduzcan la pluralidad o que conviertan al Congreso en un instrumento de mayoría sin control. Defender la autonomía del INE, preservar la representación plural y garantizar procesos con sustento técnico y participación ciudadana es primordial
La democracia no se mejora eliminando voces; se fortalece escuchándolas. México merece una reforma que amplíe la confianza, no que la erosione. Cuando se juega con las reglas del juego democrático, la responsabilidad de la sociedad civil es impedir retrocesos y construir soluciones que respeten el Estado de Derechos, las libertades ciudadanas y la pluralidad política.