Aumento de la extorsión mantiene presión creciente sobre las empresas y el empleo formal en el país.

• La extorsión tiene de rodillas a los empresarios y sigue limitando la operación, la inversión y el crecimiento del país.
• En 2025, la extorsión creció en 20 de las 32 entidades del país, evidenciando un problema que se expande a casi dos tercios del territorio nacional.

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) sostenemos que la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México. No se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en regiones estratégicas.

Al cierre de 2025, los datos abiertos de Incidencia Delictiva del SESNSP revelan una paradoja alarmante: pese a que se observa evidencia de reducción en algunos delitos, la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la
operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva.

El balance de la última década confirma que el problema no es coyuntural. En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, lo que implica un aumento de casi 78.1% en 10 años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local.

A nivel estatal, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito. Cinco entidades —Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz— concentran 65.2% de las víctimas, mientras que solo en las 10 entidades con mayor número de víctimas se acumula el 81.0% del total nacional. En 2025, 20 de las 32 entidades registraron un aumento en la variación anual de extorsión, lo que significa que en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo. Entre los incrementos más relevantes destacan Tlaxcala, con un aumento de 1,300%; Chiapas, con 364.3%; Ciudad de México, con 264.4%; Nayarit, con 171.4%; Yucatán, con 100%; y Puebla, con 84.4%, todos con variaciones de dos y hasta tres dígitos.

Al focalizar el análisis en la tasa de víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes y considerar únicamente los 20 municipios con los niveles más altos del país, se observa una fuerte concentración territorial: Guanajuato aporta 8 municipios a este grupo, la Ciudad de México concentra 4 y Nuevo León cuenta con 2. Esta disparidad confirma que la efectividad de las estrategias locales marca la diferencia y que la ausencia de acciones contundentes permite que la extorsión se expanda con rapidez.

En las regiones fronterizas, la extorsión también mantiene una trayectoria ascendente: 17.35% de los delitos se concentran en entidades colindantes, de los cuales 12.27% corresponden a la frontera norte y 5.07% a la frontera sur. Al analizar la evolución anual por región, destaca la frontera sur por registrar el mayor crecimiento, con un incremento de 37.4% frente al 7.9% observado en la frontera norte, lo que confirma una presión creciente sobre corredores logísticos, cadenas de suministro y economías regionales clave.

Esta tendencia coincide con lo que viven las empresas en la nación. Los resultados de DataCoparmex, a través del indicador #MásSeguridad, muestran que 46.8% de las empresas fue víctima de al menos un delito, siendo la extorsión el segundo delito con mayor número de casos. El 68.8% de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2% de las denuncias el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derechos.

Desde COPARMEX sostenemos que estos datos obligan a colocar la extorsión como prioridad nacional de política pública. Fortalecer el Estado de Derechos, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan bajo la ley, es indispensable para proteger la inversión, preservar empleos formales y asegurar que las empresas puedan operar sin coerción. Sin condiciones mínimas de legalidad y certidumbre, el desarrollo económico del país seguirá enfrentando límites estructurales.

COPARMEX estará observando puntualmente la canalización de presupuestos y la conformación de las estructuras especializadas acordadas en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.