México necesita seguridad e inversión, no una reforma electoral.

Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @AuroradeMexico X:@jsierraalvarez

En momentos de incertidumbre, las naciones se definen por su capacidad para distinguir lo urgente de lo accesorio. México atraviesa una etapa compleja, enfrentamos desafíos profundos en materia de seguridad, presiones económicas internas y externas, revisión de compromisos comerciales y un entorno internacional cada vez más competitivo. En ese contexto, abrir el debate de una reforma electoral no solo resulta inoportuno; implica distraer la atención de lo verdaderamente prioritario.

Las prioridades nacionales son claras: seguridad, Estado de derecho y garantías para la inversión. Sin condiciones básicas de paz y certeza jurídica, cualquier discurso sobre crecimiento se vuelve retórico. La confianza, ese activo intangible que sostiene a las economías, depende de la estabilidad institucional y de la claridad en las reglas del juego.

Las reformas electorales legítimas son aquellas que nacen del consenso ciudadano, que se construyen mediante diálogo amplio y que fortalecen, no debilitan, las instituciones. No se trata de cerrar la puerta a la evolución normativa. Se trata de entender el momento histórico.

Cada señal que proyecta incertidumbre tiene consecuencias reales. Cuando se pone en duda la fortaleza institucional o se percibe un posible retroceso en las libertades democráticas, se incrementa la percepción de riesgo. Y el riesgo inhibe decisiones de inversión, frena proyectos productivos y limita la creación del empleo formal. Es la diferencia entre abrir o no una nueva planta, entre contratar o posponer.

Además, México forma parte de compromisos internacionales que exigen estándares claros en materia de democracia y derechos políticos. Nuestra posición frente a procesos estratégicos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o la modernización del acuerdo con la Unión Europea descansa también en la solidez de nuestras instituciones. La legitimidad democrática depende de su origen, su proceso y su aceptación social.

Conviene recordar que el actual sistema electoral mexicano no surgió de una imposición. Desde la década de los noventa se construyó a partir de acuerdos públicos, plurales e incluyentes. La autonomía de las autoridades electorales, la fiscalización efectiva, la pluralidad legislativa y la certeza jurídica fueron conquistas sociales. Gracias a ello, México logró alternancias pacíficas y estabilidad política. Es un modelo perfectible, sin duda, pero ha sido uno de los pilares de nuestro desarrollo democrático.

Hoy, por primera vez en nuestra historia reciente, se plantea una reforma que no nace de un consenso amplio de la sociedad. Ese solo hecho obliga a actuar con prudencia. Las leyes electorales deben respetar cinco principios irrenunciables: autonomía real de las autoridades que organizan elecciones; pluralidad que refleje la diversidad nacional; fiscalización sólida; inclusión de minorías; y reglas claras, estables y previsibles. Cualquier modificación que debilite alguno de estos pilares afecta el equilibrio institucional que tanto ha costado construir.

El país necesita estabilidad, eficacia y resultados concretos. Necesita fortalecer la seguridad, garantizar justicia, impulsar la inversión y recuperar la confianza. No necesita abrir frentes de polarización adicionales.

Cuidar el sistema electoral también es un acto de responsabilidad institucional. Y la responsabilidad implica reconocer que no todo momento es adecuado para todo debate.

Por eso desde Coparmex insistimos en que en este momento la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral.