Civismo digital: el nuevo contrato democrático.

Artículo de opinión escrito por: Ximena Céspedes | Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo de COPARMEX | Vía: @Forbes_Mexico X: @XimenaCespedesA

La democracia ya no ocurre solamente en plazas públicas, congresos o tribunales. También sucede en timelines, grupos de WhatsApp, plataformas de video y sistemas de inteligencia artificial. Ahí discutimos, nos informamos, nos organizamos y, muchas veces, nos agredimos. Por eso, el civismo digital dejó de ser un asunto tecnológico: hoy es una condición básica de convivencia democrática.

Hablar de civismo digital implica entender cuatro dimensiones: qué es, cómo se legisla, cómo se garantiza y qué papel tienen los ciudadanos.

El concepto puede definirse como el conjunto de derechos, responsabilidades y prácticas éticas que permiten convivir en entornos digitales respetando la dignidad humana, la libertad de expresión, la privacidad, la autoría y el acceso a la información. No se trata solamente de “portarse bien” en internet; se trata de construir reglas democráticas para una esfera pública que ya es digital.

La discusión cobró nueva relevancia con recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de ellos resolvió que las obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial no pueden registrarse como derechos de autor en México, porque la creatividad protegida por la ley corresponde a personas físicas y no a algoritmos.

La decisión parece técnica, pero en realidad abre una conversación mucho más profunda: si la vida pública y cultural migra hacia sistemas automatizados, ¿cómo protegemos la autoría, la verdad, la identidad y la responsabilidad humana?

El civismo digital empieza precisamente ahí: en reconocer que la tecnología no sustituye a la ciudadanía. Las herramientas pueden amplificar capacidades, pero no reemplazar principios democráticos.

¿Cómo se legisla el civismo digital?

México ha construido fragmentos de regulación digital desde distintas áreas: protección de datos personales, derechos de autor, violencia digital, telecomunicaciones y acceso a la información. Sin embargo, aún no existe una política integral de ciudadanía digital.

La legislación suele reaccionar más rápido ante los riesgos que ante los derechos. Y ese es el gran dilema contemporáneo: regular internet sin censurarlo.

Las democracias modernas enfrentan una tensión permanente entre combatir la desinformación, proteger a menores, evitar discursos violentos y, al mismo tiempo, garantizar libertades fundamentales. Un exceso de regulación puede derivar en vigilancia o censura; una ausencia total de reglas puede convertir el espacio digital en un territorio de abuso, manipulación o impunidad.

Por eso, el civismo digital no puede construirse únicamente desde el castigo. También requiere alfabetización tecnológica, transparencia algorítmica y educación ética.

¿Cómo se garantiza?

Garantizar el civismo digital implica una responsabilidad compartida entre el Estado, las plataformas tecnológicas, las escuelas y la ciudadanía.

El Estado debe asegurar derechos: acceso universal a internet, protección de datos, mecanismos de denuncia y tribunales capaces de entender conflictos digitales. También debe evitar tentaciones autoritarias disfrazadas de regulación tecnológica.

Las plataformas, por su parte, ya no pueden asumirse como intermediarias neutrales. Sus algoritmos ordenan conversaciones públicas, priorizan contenidos y moldean percepciones sociales. La moderación de contenido, la publicidad política y el uso de inteligencia artificial tienen impactos democráticos reales.

Las universidades y escuelas enfrentan otro desafío: enseñar pensamiento crítico digital. Hoy, una persona puede tener acceso ilimitado a información y, aun así, ser incapaz de distinguir evidencia de manipulación.

El civismo digital también exige nuevas competencias, como verificar fuentes, entender cómo funcionan los algoritmos, reconocer discursos de odio, proteger datos personales y ejercer la libertad de expresión con responsabilidad.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Mucho más de lo que parece.

Primero, asumir que cada interacción digital tiene consecuencias públicas. Compartir información falsa, difundir discursos violentos o participar en campañas de linchamiento digital deteriora el espacio democrático, igual que ocurre fuera de internet.

Segundo, exigir transparencia. Los ciudadanos pueden cuestionar cómo operan las plataformas, cómo utilizan sus datos y cómo funcionan los sistemas automatizados que influyen en decisiones cotidianas.

Tercero, practicar la verificación antes de viralizar. En la era de la inteligencia artificial generativa, la desinformación ya no depende solamente de rumores; ahora puede fabricarse con imágenes, voces y videos sintéticos cada vez más convincentes.

Y cuarto, defender activamente los derechos digitales como parte de los derechos humanos. La privacidad, la libertad de expresión y la identidad digital no son asuntos secundarios; forman parte de la ciudadanía contemporánea.

La reciente resolución de la Corte sobre inteligencia artificial deja una señal importante: detrás de cada derecho debe existir una responsabilidad humana.

El civismo digital será, probablemente, una de las discusiones democráticas más importantes de la próxima década. Porque el problema ya no es si vivimos en internet. El problema es qué tipo de sociedad estamos construyendo dentro de él.