En ciencia, humanidades y tecnología, México requiere de una visión incluyente y de futuro

• La norma recién publicada es centralista, excluyente y violatoria de los DDHH. 
• Además, profundiza en la militarización que se ha venido dando en los últimos cuatro años. 

Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana, externamos nuestra profunda preocupación y rechazo al proceso de aprobación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) publicada el 08 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y a su contenido, pues este es centralista, excluyente, violatoria de los Derechos Humanos y profundiza la militarización del país.

Estamos convencidos que la tecnología, la ciencia y las humanidades, forman parte de los motores fundamentales para el crecimiento, desarrollo, bienestar y competitividad de los países y de las sociedades, de ahí que requieren de una visión de país incluyente y de futuro, donde las voces de los académicos e investigadores, sea escuchada y respetada.

Por lo tanto es muy alarmante que la nueva norma establezca que la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades y Tecnologías se integre exclusivamente por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), dejando fuera a universidades, centros de investigación, academia y asociaciones de instituciones de educación superior que, si bien pueden ser invitadas a las sesiones de la Junta de Gobierno, cuentan con voz, pero no con voto.

Lo anterior, margina a la comunidad científica y académica del país de la toma de decisiones neurálgicas en la materia y fortalece la militarización que se ha venido dando en el país, en este caso en el campo correspondiente a la ciencia y el conocimiento, pues entre las dependencias que integran la citada junta, se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) sin justificación alguna para ello.

Otros aspectos graves es que con esta nueva disposición se elimina la obligatoriedad del Estado de invertir al menos el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia, tecnología e innovación, además de que se discrimina a los estudiantes e investigadores de instituciones particulares de educación superior en la entrega de becas, apoyos y estímulos relacionados con la formación e investigación científica.

Además, la Ley HCTI restringe el fomento y apoyo a proyectos y actividades de investigación diversos, que no sean prioritarios -según lo considerado en la Agenda Nacional- lo cual vulnera la libertad académica y de investigación y agrega un grado de discrecionalidad en la materia, todos, aspectos profundamente riesgosos y regresivos.

Igual de preocupante que el contenido de la Ley resulta el proceso legislativo que se siguió para su aprobación. Fue una de las leyes aprobadas en el llamado “Viernes negro”, su aprobación fast-track no contó con la deliberación requerida al grado de dejar inconclusos los 7 parlamentos abiertos que se tenían programados, de los cuales solo se realizaron dos. Así que se trata de una norma que no atendió ni consideró las opiniones de expertos, de la sociedad civil, del sector empresarial ni de los investigadores y estudiantes. Se trató, por lo tanto, de la expedición unilateral de una Ley que no contiene las aportaciones diversas y plurales de la comunidad.

Coincidimos con el pronunciamiento de la Red Pro Ciencia MX, en el que señala la extrema gravedad de que la Ley haya sido aprobada tras dar crédito a información falsa, difundida por la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en la que ofreció datos erróneos sobre la transferencia de recursos del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) para inculpar a compañías que no recibieron recursos públicos a través de ese plan.

En suma, esta normativa no abona a la conformación de políticas públicas acertadas, que estén a la altura del gran desafío que enfrenta nuestro país para lograr educación de calidad e igualdad de oportunidades que se deben crear desde el diálogo, la apertura y el consenso, sin imposiciones ni posturas excluyentes. Esta ley es un despropósito que borró de un plumazo los 42 años de experiencia acumulada del CONACYT. Exhortamos a los legisladores a agotar las instancias legales para que se determine la validez y constitucionalidad de una norma con marcados vicios de origen.

En el pilar Políticas Económicas de Mercado Solidarias que forma parte del Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), impulsado por Coparmex, hacemos énfasis en que el impulso a la innovación y el crecimiento debe tener como atributo la investigación e innovación con impacto social, lo que implica un respaldo decidido al talento, así como a los incentivos a emprendedores, empresas y universidades. Nadie es mejor que todos juntos.