¿Qué puede cambiar en 2024?

Artículo de opinión escrito por Gustavo Almaráz Petrie, Presidente de nuestro Comité de Estrategia Pública | Vía Sinembargo
Twitter: @gustavoalmarazp

Durante la actual administración nos hemos acostumbrado a poner más atención que nunca a las palabras, acciones e intenciones del Presidente. El presidencialismo ha recuperado un significado particular y hoy en día resulta necesario analizar la posición y los deseos del titular del Ejecutivo sin importar si se habla del Congreso, de gobiernos estatales o incluso de organismos autónomos.

Hoy que las miradas están puestas en las elecciones del Estado de México y Coahuila, y para muchos, si no es que ya para la gran mayoría, en la elección de 2024, es importante analizar las posibles transformaciones que ésta implicará más allá del cambio de figuras en posiciones de poder. Resulta clave recordar que la elección de 2024 no sólo traerá consigo un nuevo Presidente o Presidenta de México, sino también se elegirán 128 senadores, 500 diputados, nueve gubernaturas y 30 congresos locales.

En virtud de lo anterior, es indispensable cambiar la óptica con la que hoy en día analizamos la situación política. Desde 2018 nos hemos acostumbrado a vincular aquello que sucede en el Congreso y en los estados gobernados por Morena con las políticas y prioridades del Presidente. Lo anterior no ha sido un desacierto, sino una nueva forma de entender el presidencialismo en México, a través del cual se ha recuperado con fuerza particular la centralización de decisiones y la alineación de múltiples actores a un mismo proyecto.

Sin importar quien sea la figura en la boleta, una cosa es clara, esa persona no será López Obrador, razón por la cual es inviable pensar que existirá la misma disciplina de los diferentes actores que hoy conocemos. En ese sentido, es prioritario recordar lo enunciado en el artículo 40 constitucional, el cual establece que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior […]”.

Una república democrática y representativa reconoce la intervención del pueblo en las decisiones que se toman y que afectan a todos. Hoy en día, dicha intervención se realiza a través de representantes que son escogidos mediante elecciones. Si bien durante la actual administración hemos observado una armonización casi total entre el actuar de los diputados y senadores de Morena con los proyectos del Presidente, es de esperarse que el cambio de gobierno en 2024 conlleve a una mayor independencia del Poder Legislativo. En virtud de ello, se volverá clave observar cuidadosamente las agendas y proyectos de los legisladores y del actuar del Congreso en general, el cual se prevé que adopte una dinámica distinta a la que se ha observado en esta administración.

Por su parte, la República Federal se refiere a aquella formada por diferentes estados que disponen de gobiernos locales y una determinada soberanía para regir sus asuntos internos. El sistema político mexicano del Siglo XX tuvo un presidencialismo particular, con la capacidad de ejercer una enorme influencia sobre la política local y el Congreso. A pesar de que la alternancia en el poder representó un cambio muy relevante para dicho fenómeno, la administración del presidente López Obrador recuperó mucho de esas prácticas, logrando influir de manera considerable en las agendas de las y los gobernadores. Así como se prevé un cambio importante en el papel del Congreso, será de suma importancia cambiar la óptica con la que se ha observado el actuar de los estados, recuperando la necesidad de poner mayor atención en los gobiernos locales y en los planes y proyecciones particulares que cada uno de ellos puede tener, y su impacto a nivel nacional.

Es indudable que la dinámica electoral se apoderará de la agenda política a partir de este verano. Más allá de inmiscuirnos en la especulación de posibles candidatos, seguido de un análisis de agendas y propuestas, será sumamente relevante empezar a pensar en las nuevas dinámicas que derivarán de los resultados de la elección. Es indispensable reflexionar sobre las posibilidades que implicaría el fortalecimiento de actores locales y del Legislativo, así como en las oportunidades que esto puede traer para el impulso de temas de interés para el sector privado, tanto en mecanismos de interlocución distintos como en nuevas oportunidades de colaboración.

Por último, es importante que como sociedad generemos conciencia sobre la importancia que tiene el Congreso, reconociendo que no son actores lejanos o únicamente de interés para la esfera política, sino que es el verdadero contrapeso para las decisiones del país. En ese sentido, los procesos electorales deberán servir para generar la cultura de participación y rendición de cuentas que se requiere desde la sociedad civil y desde el propio gobierno y partidos políticos. El mejor ejemplo de ello lo podemos observar con el precedente sentado por el ministro Alberto Pérez Dayán en relación con la propuesta de invalidar las reformas del “plan B” electoral, a través de la cual le recordó al Congreso su valor real como poder público, privilegiando la importancia de que desde el Legislativo se tengan diálogos profundos, democráticos y que representen a la sociedad. En pocas palabras, desde el Poder Judicial se le está dando su lugar al Poder Legislativo, reconociendo y abogando por sus facultades e importancia para la vida del país. #OpiniónCoparmex