La agenda ciudadana por la integridad

Autor: Gustavo de Hoyos Walther

El proceso electoral de 2018, con más de tres mil cargos de elección popular en disputa, es uno de los más importantes de la historia contemporánea.

La gran mayoría de los estudiosos del proceso electoral coinciden en que el Estado de Derecho será uno de los tópicos centrales de la contienda. Lo que poco se ha reflexionado hasta ahora es una de las variables que sin duda marcarán ese proceso: la exigencia ciudadana por obtener de, los hasta hoy candidatos a esas posiciones, un compromiso amplio, inequívoco y preciso en materia de integridad, es decir, de apartarse de prácticas de opacidad y corrupción en el quehacer público.

La ruta por lograr una mayor integridad inició cuando, en el marco de la elección federal de 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lanzó una iniciativa para invitar, a los entonces candidatos a los puestos de elección popular, diputados federales y senadores, que publicasen sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses.

Aunque fueron pocos los candidatos que se adhirieron a esa iniciativa, y dada la empatía social que generó la llamada propuesta #3de3, esa dinámica generó un cambio paradigmático en los estándares de exigencia social ligada a la integridad y la transparencia.

Una nueva evolución de la idea se experimentó en torno a la iniciativa ciudadana, que con el apoyo de más de 634 mil ciudadanos, fue presentada en el Senado de la República el 3 de Febrero de 2016, para promover una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Ley 3 de 3), proceso que se dio en un fuerte activismo cívico, ligado a la conformación de las 7 leyes básicas del Sistema Nacional Anticorrupción, y que culminó después de muchas batallas con la promulgación de las mismas el 18 de Julio de 2016.

La tercera ola de esta exigencia social, en torno a la integridad y la transparencia, se manifestó en Mayo de 2017 con la iniciativa de la Coparmex, Transparencia Mexicana y el IMCO denominada “11 Compromisos de Política Pública para Enfrentar la Corrupción”.

Se trató de un conjunto innovador de compromisos verificables que implican implementar un conjunto de acciones en materia de transparencia proactiva, como lo son: publicidad de auditorías, contrataciones, pasivos y deuda, así como digitalización y sistematización de procesos de compra. También suponen un reordenamiento de la legislación y prácticas asociadas a la obra pública, las adquisiciones y las compras recurrentes de alto volumen, como los medicamentos.

Del mismo modo, los Compromisos determinan un control eficaz de gasto altamente expuesto a fenómenos de corrupción, a través de un padrón único de beneficiarios de programas sociales y una agresiva reducción al manejo de efectivo en el gasto público. Todo ello, complementado con la obligación de impulsar leyes e instituciones con altos estándares para contar con un Sistema Local Anticorrupción. Y desde luego, la obligación de presentar para el Gobernador y todo su gabinete las Declaraciones 3 de 3.

No cabe duda que la integridad, para decir en sentido positivo el rechazo a la corrupción, es uno de los grandes temas del proceso electoral. Y es un hecho que los candidatos a la Presidencia de la República tendrán frente así, tan pronto como inicien las campañas, un desafió público para manifestarse conceptualmente, pero sobre todo, comprometer acciones en contra de la corrupción.

Una manifestación más reciente de esta evolución de la exigencia ciudadana tuvo lugar en el mes de Enero de este año, cuando los colectivos #VamosPorMás y #FiscalíaQueSirva exigieron de los candidatos de todos los partidos un compromiso de apoyo a la propuesta ciudadana para modificar el Artículo 102 de la Constitución Federal, y con ello dar surgimiento a una Fiscalía General de la República que sea independiente, autónoma, respetuosa de los derechos humanos y con controles en su actuación.

Lo que aún queda por despejarse es si la propuesta social para la conformación de una Fiscalía General es recogida por los legisladores en la ruta legislativa ordinaria, o si requerirá de una nueva iniciativa ciudadana que se impulse con el apoyo de varios cientos de miles de mexicanos para superar el inmovilismo legislativo y hacerse realidad.

A final de cuentas esta institución está llamada a ser el instrumento central del Estado Mexicano para combatir tres de los fenómenos que determinan hoy la fragilidad del Estado de Derecho: la inseguridad, la corrupción y la impunidad.