Carta pública: a favor del estado de derecho y de una reforma que fortalezca al Poder Judicial con respeto a la división de poderes en México

H. MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
H. MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES.
PRESENTES

En los últimos meses, diversas organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, colegios de abogados, asociaciones académicas, de personas juzgadoras y movimientos estudiantiles han realizado diversos esfuerzos para hacer visibles los riesgos que presenta el proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación.

La COPARMEX y sus 71 Centros Empresariales han realizado y participado en diversos foros donde hemos podido constatar las voces que han expresado su preocupación por algunos elementos de la iniciativa que podrían debilitar, en lugar de fortalecer, a nuestro sistema de justicia.

En primer lugar, enfatizamos la necesidad de una reforma integral al sistema de justicia para mejorar el acceso pronto y expedito para la gente, sin distinciones, es decir, independientemente de su condición de origen, especialmente para quienes han visto vulnerados sus derechos o han sido excluidos, como las víctimas de violencia en sus diversas formas. Sin embargo, la iniciativa tal como fue presentada y ha sido dictaminada, no logra este objetivo.

Sin duda, uno de los principales riesgos es la elección directa por voto popular de jueces, magistrados y ministros, ya que introduce un riesgo significativo de politización en la administración de justicia, comprometiendo la independencia judicial. Este mecanismo podría derivar en decisiones judiciales influenciadas por intereses electorales e influencias externas contraviniendo el principio de imparcialidad que debe regir el Poder Judicial.

En este rubro, la COPARMEX propone fortalecer la carrera judicial enfocándose en el mérito y la formación continua, respaldado por comisiones de selección independientes y transparentes que prevengan la politización y la influencia de grupos de poder en estos cargos. Además, es crucial implementar evaluaciones periódicas y colaborar con organismos internacionales para asegurar que los estándares de independencia judicial se mantengan elevados y libres de presiones externas.

Debemos asegurar que quienes ocupen tan alta responsabilidad, sean los de mayor mérito.

Aunado a lo anterior, nos preocupa que la iniciativa no atienda las problemáticas de los poderes judiciales estatales, ya que es en el fuero común donde se resuelve la mayoría de los juicios en México. Garantizar que estos tribunales cuenten con los recursos adecuados y suficientes, además de la formación continua para los jueces y una estructura robusta es esencial para asegurar un acceso equitativo y eficiente a la justicia en todo el país. Sin un sistema judicial estatal sólido, la justicia no puede impartirse de manera uniforme, lo que afecta directamente la confianza en el Estado de derecho.

Sabemos bien que no puede haber una correcta impartición de justicia sin una adecuada investigación. Una de las principales conclusiones de los foros que hemos organizado ha sido la urgente necesidad de acompañar la propuesta de fortalecimiento con un robusto apoyo a las fiscalías, que dependen del poder ejecutivo Estatal y Federal, responsables de la investigación y persecución de los delitos. Estas instituciones deben de estar dotadas de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva e imparcial. Un sistema de justicia sólido requiere fiscalías que operen con independencia del poder político, garantizando que las investigaciones se realicen con rigor y sin influencias ni respondiendo a intereses particulares externos. Solo de esta manera se puede asegurar que la persecución de delitos se lleve a cabo en beneficio de la justicia.

La iniciativa también propone la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que actualmente se encarga de la formación y disciplina dentro del Poder Judicial, y su reemplazo por un Tribunal de Disciplina Judicial con autoridad superior incluso a la SCJN. Los miembros de este Tribunal serían elegidos por voto popular, lo que podría politizar el proceso disciplinario y comprometer la imparcialidad del Tribunal. Es decir, el Tribunal podría remover a los miembros del Poder respondiendo a motivaciones políticas. Como alternativa, proponemos que cualquier nuevo órgano disciplinario esté compuesto por expertos seleccionados a través de un proceso meritocrático y transparente, evitando así la influencia política y asegurando la imparcialidad en la administración de justicia. Además, este órgano disciplinario no debe situarse por encima de la SCJN, sino que debe fortalecer el proceso disciplinario dentro del marco del Poder Judicial, asegurando que las decisiones disciplinarias sean justas y estén alineadas con los más altos estándares de imparcialidad y autonomía judicial.

Como se ha observado en las últimas semanas, la reforma ya está generando una creciente incertidumbre entre inversionistas nacionales e internacionales, debido a la amenaza que representa para la independencia del Poder Judicial. Estamos en un momento inmejorable por el contexto de nearshoring que terminará por desaprovecharse ante la incertidumbre jurídica que genera la iniciativa. En lo que va del año, solo el 3% de la Inversión Extranjera Directa se refiere a nuevas inversiones. El país requiere generar condiciones de confianza para aprovechar la coyuntura global y atraer más inversiones que resulten en una mayor creación de empleo.

En el ámbito internacional, esta reforma podría exponer a México a responsabilidades por incumplir con los estándares de derechos humanos e independencia judicial, lo cual sería muy perjudicial para su posición global. Nuestros socios comerciales y organismos internacionales ya han expresado su preocupación sobre sus posibles efectos en los acuerdos comerciales. El T-MEC, en particular, requiere un sistema judicial fuerte y autónomo para resolver disputas comerciales. La politización en la elección de jueces y magistrados podría socavar esa independencia, comprometiendo la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones y exponiéndolo a sanciones o represalias comerciales.

Desde COPARMEX, reconocemos la necesidad de reformar el Poder Judicial para mejorar su eficiencia y garantizar una justicia imparcial. Sin embargo, resulta de suma gravedad que todos los jueces federales y locales sean destituido por un grupo hegemónico en un periodo de tres años.

La reforma tendría como consecuencia la organización de procesos electorales a gran escala para la selección de aproximadamente 1,500 nuevos jueces y magistrados a nivel federal y 3,500 a nivel local plantea desafíos logísticos significativos y requeriría una considerable asignación presupuestaria. Sin duda, la transición a un nuevo sistema de elección podría provocar retrasos en las resoluciones de casos judiciales debido a la disminución de personal y la reorganización de las salas de justicia. Por tanto, esta reforma debe ser bien fundamentada y de implementación gradual, abordando todos los aspectos clave mencionados y respondiendo a las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad.

Por las razones expuestas, instamos a los legisladores a reflexionar sobre los riesgos que la reforma propuesta podría traer a la estabilidad jurídica, económica y social del país. En COPARMEX estamos convencidos de que el modelo planteado por la reforma que se discute en el Congreso no está orientado a la calidad ni a la independencia. Por el contrario, resultará en una captura de los poderes judiciales en un entorno en que carecemos de un legislativo plural independiente y deliberativo.

En consecuencia, debe de abrirse un proceso más amplio de escucha y diálogo plural, de tal manera que las decisiones sobre cualquier reforma sea el resultado del más amplio consenso social y político. México se encuentra en un momento crítico en el que las decisiones que tomemos hoy definirán el futuro de nuestra nación. Es fundamental que cualquier reforma al Poder Judicial sea abordada con la seriedad y responsabilidad que la situación amerita, priorizando siempre el bienestar de la sociedad y la necesaria certeza jurídica para la estabilidad de nuestro país.