
La propuesta de Reforma Constitucional en materia eléctrica afecta la libre competencia, daña a empresas, a los empleados y pega en los bolsillos de las familias
Debe protegerse la libre competencia porque beneficia al consumidor final en precio y servicio Recuperar el crecimiento después de la pandemia por Covid-19 requiere de una oferta energética limpia, moderna








