Certidumbre y Estado de derecho: insumos de la inversión

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I. Introducción

La estrategia en materia energética del gobierno está minando la certidumbre y cumplimiento de la ley y con ello la capacidad para atraer y retener inversión internacional y doméstica. De no cambiarse, México no logrará sus objetivos de crecimiento.

II. Problema

Muchas de las recientes acciones del gobierno están creando incertidumbre para la inversión internacional.

Esta semana, por ejemplo, la CFE intentó anular contratos celebrados con Trans-Canada e IEnova en la construcción del gasoducto Texas-Tuxpan. Este proyecto representa una inversión de 2,500 millones de dólares y tiene la capacidad de transportar 2,600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Su desarrollo permitiría aumentar en 40% la distribución de gas natural en México.

Como era de esperarse, la posible anulación de estos contratos, otorgados a través de una licitación pública internacional, ha ocasionado reacciones negativas de forma inmediata. El embajador de Canadá declaró su preocupación públicamente en Twitter. Así mismo, España, Japón y Alemania ya se encuentran monitoreando el tema pues de generalizarse la anulación de contratos también serían afectados.

Anular contratos pone a México en un terreno resbaloso pues una de las condiciones necesarias para el crecimiento económico es la inversión privada. Si ésta no encuentra condiciones para desarrollarse o percibe un ambiente incierto, la derrama económica se reduce.

El ejecutivo no esta otorgando certidumbre sino generando una creciente desconfianza que está afectando el desempeño económico de México. De hecho, especialistas encuestados por el Banco de México concuerdan en que el principal factor que podría estar obstaculizando el crecimiento de la economía mexicana actualmente es la falta de certidumbre generada por la política interna (18% de las respuestas). Las decisiones políticas de la actual administración están abonando a una falta de certeza hacia los capitales internacionales y domésticos. Con ello, podrían ocasionar contracciones en la generación de empleo formal y fuga de flujos de inversión.

Debemos reconocer que México no se encuentra en condiciones para crear incertidumbre pues la inversión privada ya es de por sí muy baja. La inversión se redujo en (-)2.1% en el primer trimestre de 2019 y ha sido inferior al 1% en los últimos doce meses. Es en parte debido a esto que los estimados de crecimiento para 2019 han bajado consistentemente, de 2.3% a solo 1.7% en el último año y medio.

Con el nivel de inversión privada actual no será posible lograr el crecimiento del 4% que el gobierno ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Si, además, la poca inversión extranjera que existe se ahuyenta mediante decisiones como la tomada por la CFE, la situación económica de México podría llegar a ser bastante precaria.

III. Orientar el rumbo

En COPARMEX, consideramos imperante que el gobierno federal promueva una estrategia energética que genere certidumbre y cumplimiento de la ley.

Ello no implica ir en contra de una agenda de cambio. Los ajustes en las políticas públicas son completamente naturales y propios de la alternancia democrática.

Sin embargo, todo ajuste debe darse desde la racionalidad, pertinencia, oportunidad y gradualidad. Implementando decisiones que sean compatibles con la inversión y el desarrollo sostenible.

Así, son varias las acciones que deben reconsiderarse para lograr la certidumbre que el crecimiento económico exige.

La paralización de proyectos de inversión energética no abona a una mejor economía. Es por ello que se deben reanudar las rondas de exploración por parte de las empresas privadas aliadas con PEMEX. El gobierno federal debe comprender que las alianzas con privados han permitido que PEMEX acceda a 670 millones de dólares de inversión. A todas luces esto es positivo. Las alianzas con capitales privados no deben ser evaluadas desde un punto de vista ideológico sino pragmático, ya que solo así se tomarán decisiones en favor de todos los mexicanos. Si el gobierno detiene las rondas de exploración, la producción petrolera se detendrá afectando severamente las finanzas públicas.

Cancelar contratos firmados por gobiernos anteriores solo porque el gobierno actual los considera injustos crea más problemas que beneficios. El gobierno y el sector privado solo pueden cooperar de forma productiva si existe la certeza de que, aún ante un cambio de administración, los contratos acordados serán respetados.

Finalmente, usar mecanismos de democracia directa no representativa para cancelar obras de infraestructura pública que tienen participación privada limita el margen de maniobra del estado para crear desarrollo. El NAICM en Texcoco y el Metrobús de Durango son ejemplos prototípicos de las enormes afectaciones que puede tener el politizar decisiones de política pública que debieran ser técnicas. Los costos de dichas decisiones, hechas a “mano alzada” o en consultas no representativas, causaran estragos en las finanzas públicas por décadas.

La economía mexicana puede verse severamente afectada si el gobierno federal continúa teniendo una toma de decisiones errática y poco pragmática. El crecimiento de las naciones se fundamenta irremediablemente en la cooperación entre lo público y privado. Entre más rápido se logre entender que los privados no son enemigos de lo público, sino actores claves para impulsar proyectos de desarrollo, más rápido se logrará reducir la pobreza y la desigualdad.