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Continúa estrategia de intimidación al dar efectos penales a recaracterización de operaciones que realicen contribuyentes

  • El Gobierno Federal presentó una propuesta que el año pasado ya había sido rechazada en el Congreso de la Unión. 
  • Se continúa con la política de pensar que todos los contribuyentes realizan operaciones inexistentes o simuladas. 
  • Las reformas sólo deberían atacar a dichas operaciones y no a todos los contribuyentes.

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) estamos a favor de la lucha contra las empresas fantasma, pero no podemos permitir que todos nos veamos afectados por unos pocos que viven en la ilegalidad.

Sin embargo, desde que el presente Gobierno Federal entró en funciones se ha dedicado a erradicar derechos e imponer obligaciones a los contribuyentes, bajo el pretexto de perseguir Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS).

En la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) se establece que “En la práctica se ha detectado que los contribuyentes que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas y se ubican en el supuesto descrito en el referido artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, presentan documentación e información para acreditar la materialidad de las operaciones y las sustentan en que existió́ una razón de negocios”, y ya que esto puede complicar la investigación y responsabilidad penal, se pretende que la recaracterización de operaciones, en términos del artículo 5-A, tenga consecuencias penales.

Es necesario recordar que este tema se vuelve a poner sobre la mesa, ya que el año pasado, cuando se incluyó en en el CFF la “cláusula antiabuso”, el Congreso de la Unión la rechazó.

En el Dictamen correspondiente se determinó “que la aplicación de este artículo no debe generar consecuencias en materia penal, por lo que se aclara expresamente tal situación”, particularmente porque se trata de una determinación de diferencias presuncionales y no existe certeza de parte de la autoridad fiscal en la omisión de impuestos.

Ahora, si como lo afirma el Gobierno Federal en su propuesta, hoy “se puede iniciar una investigación por la probable comisión de un delito si hay elementos para considerar que la conducta del contribuyente encuadra en alguno de los delitos en materia fiscal establecidos en el Código Fiscal de la Federación”, resulta innecesario que se incluya una pretendida “aclaración”, en una figura que sólo tiene efectos fiscales.

En la COPARMEX observamos que el Gobierno Federal insiste en vulnerar los derechos de los contribuyentes, pagando los platos rotos todos los que sí cumplimos, por los que viven en la ilegalidad fiscal.

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