Desde mayo del 2019 ha sido patente la falta de abastecimiento de medicamentos y material médico en diversos centros médicos, hospitales e institutos de salud en México. Uno de los sectores de la población que se han visto más afectados por ello han sido las personas con VIH que necesitan antirretrovirales, los pacientes con cáncer, y la población infantil que requiere vacunas.
En el año anterior se registraron más de 23,000 quejas por desabasto de medicamentos y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se tiene reportado que aumentaron un 1000% las quejas por desabasto en el último semestre. Es decir, no se trata de un tema de desabasto inducido o una percepción equivocada del problema.
El presupuesto total de Salud se destina el 13% al gasto en medicamentos, que no es una cantidad menor, pero el problema es la ineficiencia con la que está operando el organismo regulador y, particularmente, la implementación de la compra consolidada de medicamentos.
La consolidación de la demanda de medicamentos que ahora realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en teoría permite lograr ahorros, eficiencia y transparencia en estos procesos en los procesos de compra de medicamentos y equipo médico.
Las compras consolidadas también permiten adquirir medicamentos y otros insumos a precios más bajos. La adquisición conjunta puede servir para generar más competencia, así como eliminar la corrupción a nivel federal y local de forma muy importante.
En los últimos años las compras de medicamentos, vacunas y material de curación, en los que han participado el IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), gobiernos estatales y 23 institutos de salud.
No obstante, con la Administración actual, los procesos de adquisiciones de insumos para el sector salud están a cargo de la Oficialía Mayor de la SHCP, y lo que ha privado es la falta de reglas claras y omisiones.
En la más reciente licitación, llama la atención que se volvieron a declararse desiertas una alta proporción de claves: el 35%. Ya no fueron 63% desiertas como en la subasta del segundo semestre, pero es un síntoma inequívoco de que los actuales compradores de SHCP no logran ser eficientes.
Queda patente también que el precio de referencia está fuera de mercado. Esto implica que si todas estas claves no entraron en la licitación, se compran por adjudicación directa a través de procesos opacos y sin reglas claras.
Lo anterior es preocupante, ya que con la compra consolidada del 24 de diciembre, únicamente se ha avanzado en un 25% de las necesidades de medicamentos para el 2020. Esa licitación fue solamente de genéricos que representa unos 20,000 millones de pesos.
Aún no se conoce cómo se adquirirá el 80% del gasto público en medicamentos y que básicamente son los medicamentos de patente. Más relevante aún si consideramos cuáles son el tipo de grupos terapéuticos faltantes: oncológicos, cardiovasculares, antibióticos, así como anticonceptivos, aparte de hepatitis C y antirretrovirales.
El Gobierno actual eliminó el mecanismo de la comisión negociadora de precios de medicamentos que venía trabajando desde el 2008, y no ha informado las nuevas reglas para estas adquisiciones de fármacos, sigue la incertidumbre y las grandes incógnitas en torno a la compra.
En la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideramos que la revisión de los procesos administrativos de adquisición no justifica la suspensión o incumplimiento de la protección y garantía de los derechos humanos. Es obligación de las autoridades garantizar los tratamientos necesarios a la población. La suspensión de los tratamientos tiene como consecuencias graves que pueden conducir a la muerte de los pacientes.