De la fiscalización reactiva a la inteligencia institucional.

Artículo escrito por Jaleyna de la Peña Molina, Consejera Delegada de Derechos Humanos de Coparmex vía, @AuroradeMexico X: @jaleynadelapena

El pasado 15 de marzo de 2026, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un nuevo ciclo de ocho años bajo la titularidad de Aureliano Hernández Palacios. Esta transición no representa únicamente un cambio de liderazgo, sino la ventana de oportunidad más relevante de la década para modernizar el contrato de confianza entre el ciudadano y el Estado. Desde las empresas mexicanas consideramos que el éxito de esta nueva etapa radicará en la capacidad de la ASF para evolucionar de una fiscalización de revisión histórica a una de prevención algorítmica.

Tradicionalmente, la auditoría se ha visto limitada por el muestreo: la revisión de una fracción del gasto con la esperanza de detectar inconsistencias. Sin embargo, en un entorno de digitalización acelerada, el muestreo ya no es el techo de nuestras capacidades. Según datos de la OCDE, la contratación pública representa cerca de 13% del PIB en sus países miembros; en México, el volumen de operaciones exige una vigilancia que solo la tecnología de punta puede garantizar.

La nueva administración tiene la oportunidad de transitar hacia la vigilancia de 100% de las transacciones en tiempo real. Este modelo, ya implementado con éxito en Brasil a través del sistema ALICE (Análise de Licitações e Editais), permite que el auditor identifique riesgos preventivamente, antes de que los recursos sean ejercidos. México cuenta con la infraestructura de la Plataforma Digital Nacional (PDN); el siguiente paso es dotar a la ASF de motores de machine learning que conviertan esos datos en alertas estratégicas para una gestión pública más eficiente.

La integridad pública moderna requiere herramientas que comprendan la complejidad de las redes económicas. El uso de knowledge graphs permite mapear de forma transparente los vínculos entre proveedores y beneficiarios finales, asegurando que cada peso público cumpla con su propósito social.

Experiencias internacionales, como la de Corea del Sur, cuyo sistema KONEPS ha sido reforzado hacia 2025 para identificar patrones de colusión mediante IA, demuestran que la tecnología es el mejor aliado de la competitividad. Para la nueva gestión de la ASF, implementar estos modelos no es solo una medida anticorrupción, es una estrategia de optimización de recursos que garantiza que las empresas más capaces y éticas sean las que impulsen el desarrollo nacional.

Este salto tecnológico debe estar anclado en un marco jurídico sólido. México tiene la oportunidad de liderar en la región adoptando principios de la Ley de IA de la Unión Europea, que entra plenamente en vigor en agosto de 2026. Este marco exige que los sistemas de apoyo a decisiones públicas sean transparentes, auditables y libres de sesgos.

Al adoptar estándares como el “AI Accountability Framework” del gobierno estadounidense, la ASF no solo modernizaría su técnica, sino que blindaría el debido proceso. La integridad del sistema de fiscalización del siglo XXI reside en la integridad de su código y en la transparencia de sus algoritmos.

El nombramiento del auditor superior Hernández Palacios ocurre en un momento de madurez institucional. La meta no es solo fiscalizar, sino fortalecer al Estado mexicano mediante una fiscalización inteligente que prevenga el error y potencie el acierto. El futuro de la integridad es digital, colaborativo y, sobre todo, preventivo.

La ASF tiene ante sí la posibilidad de convertirse en un referente global de cómo la tecnología, operada con visión técnica y compromiso social, puede transformar la administración pública. El algoritmo de la integridad es nuestra mejor ruta hacia un México más transparente.