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El Poder Judicial podrá salvarnos.

Artículo escrito por: Leonor Quiroz Carrillo, Presidenta de la Comisión Nacional de Ética e Integridad de Coparmex, vía El Heraldo de México.

En estos últimos años se ha convertido en una deleznable práctica común que las autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo no cumplan su obligación de realizar oportunamente los procesos de selección para el nombramiento de las personas que integran los Plenos de las instituciones en las que dichas autoridades “no creen”. El problema no es si les gustan o no esas instituciones o si creen en ellas o no, el problema es que hay una obligación legal que están incumpliendo y no son sancionadas por ello; por eso es tan fácil hacerlo, porque para esta práctica boicoteadora no hay consecuencia legal alguna.

Así ha sucedido con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC); éste último colegiado que incluso llegó a estar casi un año funcionando con sólo uno de sus cinco integrantes y, gracias a la ciudadanía activa que acudió a pedir el amparo del Poder Judicial, éste ordenó al Senado cumplir con el proceso de selección que permitiría dar cauce a los nombramientos faltantes.

Lo mismo sucedió en diciembre pasado con la COFECE, pues gracias a una resolución del Poder Judicial se ordenó al Ejecutivo cumplir con su obligación de enviar las ternas correspondientes para los nombramientos de las personas comisionadas, ya sólo falta que el Poder Ejecutivo haga lo mismo con el IFT y envíe las ternas que permitan su funcionamiento de manera idónea.

En el caso del INAI, el Senado es el responsable de retrasar de manera inexplicable los procesos de selección, pues ya cuentan con el listado de más de una decena de personas que obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso; sin embargo, las y los senadores han decidido desde septiembre pasado frenar el proceso de los nombramientos de las dos vacantes del INAI por “desacuerdos políticos”.

¿Hasta cuándo seguirán tomando los nombramientos como botín político? Parece que la respuesta también la tiene el Poder Judicial, pues ante este bloqueo del Senado a la conformación completa del INAI ya hay dictada una primera suspensión dando la razón -una vez más- a la ciudadanía, ordenando al Senado suspender su omisión; es decir, a que se pongan las pilas y ya nombren a las dos personas comisionadas que faltan. De lo contrario, el INAI será afectado gravemente, pues en marzo culmina su periodo el Comisionado Francisco Acuña y con ello habrá solamente 4 de sus 7 integrantes, impidiendo así que se tomen las decisiones que implican mayoría calificada.

Las autoridades que utilizan este mecanismo de omisión en los nombramientos para boicotear a los cuerpos colegiados que quieren desaparecer, deben entender que no es un asunto de voluntad sino que, en tanto las normas y las instituciones prevalezcan, deben cumplir su mandato ante las designaciones y realizar los procesos de manera oportuna. Pasando al lado bueno de esta ruin historia, hay que destacar la labor ciudadana cada vez más activa acudiendo al Poder Judicial para solicitar el amparo de la justicia para que se ordenen los nombramientos. Así es como el Comité de Participación Ciudadana Nacional y la COFECE han logrado contar con sus integrantes y no tarda en lograrlo el INAI, pues el Poder Judicial recién ha dictado una suspensión para que el Senado deje de voltear la mirada y nombre a los dos integrantes que faltan.

¿Pero qué necesidad?

Cómo diría un célebre… tan fácil que debiera ser cumplir la ley, más aún cuando en todos los casos el Poder Judicial ha dado la razón a la ciudadanía y ha obligado a las autoridades a nombrar. Ante la pregunta que nos hacemos en cada proceso de selección bloqueado: “Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?” La respuesta es el Poder Judicial. Que así siga y que vayan poniendo sus barbas a remojar la Ciudad de México y Sonora, pues no cabe duda que, bajo los precedentes aquí citados, el Poder Judicial amparará a la ciudadanía para que se nombren a las personas integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de dichas entidades y que se les provea de los recursos que la ley mandata. #OpiniónCoparmex.

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