
Artículo de opinión escrito por Fernando Treviño, Vicepresidente Nacional de Asuntos Internacionales de Coparmex | Vía @altonivel
El presupuesto para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), incluido en el Ramo 05 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, asciende a 9,294.2 millones de pesos. Aunque representa un ligero incremento nominal de 0.4% respecto a 2025, en términos reales equivale a una disminución de 4.6%, lo que confirma la continuidad de la política de austeridad en el ámbito diplomático. Este ajuste mantiene a la política exterior mexicana en un margen operativo cada vez más estrecho.
La Cancillería deberá priorizar la atención consular y la gestión diplomática, sus dos principales programas presupuestarios. El primero, dedicado a la protección de connacionales, es uno de los más sensibles a los recortes, mientras que el segundo financia las funciones del Servicio Exterior Mexicano (SEM), que absorbe la mayor parte del gasto en servicios personales.
No obstante, el presupuesto aprobado no contempla un aumento sustancial para salarios ni para compensar los efectos inflacionarios que enfrentan las representaciones mexicanas en el exterior.
Desde finales de los noventa, la política exterior ha perdido relevancia presupuestal. El último incremento significativo se registró durante la gestión de Rosario Green (1998-2000); desde entonces, el financiamiento de la SRE se ha reducido año con año, incluso frente a un contexto internacional más complejo y a mayores exigencias de representación y defensa de los intereses nacionales.
La contracción del presupuesto tiene implicaciones operativas profundas. Las embajadas y consulados deberán hacer más con menos, en un entorno donde los costos logísticos, de seguridad y de mantenimiento aumentan constantemente.
La red consular, que atiende a millones de mexicanos en el extranjero, enfrenta ya dificultades para cubrir gastos básicos como combustible, viáticos o mantenimiento vehicular. Las condiciones laborales del personal del SEM se han deteriorado: muchos funcionarios reportan adeudos por traslados, menaje de casa y compensaciones, además de una creciente rotación y desánimo.
Un área especialmente afectada es la participación internacional. Al menos 16% del presupuesto de la Cancillería está comprometido en cuotas y aportaciones a organismos multilaterales, lo que deja márgenes muy reducidos para programas de cooperación o negociaciones estratégicas.
Las oficinas diplomáticas se ven obligadas a restringir su presencia en foros globales, limitar la organización de eventos y cancelar iniciativas de diplomacia cultural o económica.
A esta situación se suma un problema estructural: tras la desaparición de ProMéxico en 2019, las embajadas y consulados asumieron la responsabilidad de la promoción económica sin contar con recursos, personal especializado ni infraestructura adecuada.
Se les pide atraer inversiones, apoyar exportaciones y posicionar a México como destino competitivo, pero sin un presupuesto asignado para ello. En la práctica, la diplomacia económica mexicana se sostiene con esfuerzos mínimos, lo que limita su capacidad para responder a la creciente competencia global y al reto de la revisión del T-MEC en 2026.
El impacto de este recorte es particularmente delicado ante dicha revisión, que demandará coordinación técnica, jurídica y política de alto nivel.
La reducción real del presupuesto compromete la capacidad operativa para sostener las representaciones en Estados Unidos y Canadá, donde se concentra la defensa de los intereses comerciales del país. También restringe la posibilidad de realizar estrategias de cabildeo y comunicación que respalden la posición mexicana en el proceso de evaluación del acuerdo.
En suma, el presupuesto 2026 de la Cancillería mantiene la política de contención financiera a costa de la proyección internacional del país. La SRE deberá concentrarse en mantener una operación mínima eficiente, priorizando la atención a los connacionales y la defensa diplomática de México, aunque con recursos cada vez más limitados.
Sin un cambio de enfoque que restituya a la política exterior su valor estratégico, México continuará perdiendo presencia e influencia en los espacios donde más los necesita.



