Autor: Valeriano Suárez Suárez – Vicepresidente Nacional Estado de Derecho y Desarrollo Democrático de Coparmex.
En los últimos días, voces calificadas han refrendado la idea -muchas veces planteada y especialmente promovida por algunos integrantes de la clase política- de la corresponsabilidad de los empresarios en el grave problema de la corrupción.
Luis Almagro (Secretario General de la OEA) señala que la corrupción es una enfermedad bacteriológica. Definición que nos muestra el cauce para entender la facilidad con la que esta pandemia se puede propagar mucho más allá del sector público, anidar en la iniciativa privada y trastocar la vida de cualquier sujeto en sociedad.
Es cierto que la corrupción se puede dar en cualquier ámbito de nuestra convivencia y en las operaciones y transacciones que todos los días realizamos entre particulares; muchas veces disfrazada en forma de algún favor o en la concesión de alguna excepción. Pero no es ahí donde se concentra el “tumor maligno” que lacera a nuestra sociedad e indigna a los mexicanos.
Me permito hacer énfasis en dos aspectos (definición de empresario y nivel de responsabilidad en la corrupción) que pretenden abonar a evitar una interpretación equívoca y que nuestra perspectiva sobre esta grave enfermedad no se pierda en el universo de nuestras conversaciones e interacciones sociales.
Un empresario es aquella persona que arriesga su capital, conforma una empresa en la economía de mercado, genera empleos formales, define medios, metas y estrategia; asumiendo la responsabilidad comercial, legal y social implícita. Un verdadero empresario no requiere del atajo, la trampa o el soborno para hacer que el mercado demande y prefiera sus productos o servicios porque entiende que el éxito está basado en el mérito, el esfuerzo y la inteligencia. Quienes se valen de la corrupción para poder desarrollar sus actividades económicas, cerrar un pedido o ganar un contrato no deben ser llamados empresarios.
En este contexto debemos destacar la determinación, desde el sector privado, del Consejo Coordinador Empresarial, instituciones académicas, organizaciones sociales y particularmente de Coparmex para la concepción, divulgación y aplicación de un código de ética e integridad para las empresas. La idea es que la ética y la integridad sean la columna vertebral de todas las decisiones en nuestras empresas (palabras de Agustín Coppel Luken CEO de Grupo Coppel).
Dice Gabriel Zaid que la corrupción no es una característica desagradable del sistema político mexicano sino que es el sistema. No podemos decir lo mismo del sector privado en nuestro país donde la regla es la competencia en el libre mercado y la excepción son pseudoempresarios que se organizan en la órbita de servidores públicos que ejercen – por sistema- la corrupción (muchas veces en forma de extorsión) para distorsionar la equidad y la justicia en la economía de mercado.
No me parece adecuado, incluso, meter a los pseudoempresarios corruptores y a los servidores públicos corruptos en el mismo saco de un sistema corrupto. Es verdad que legal y éticamente –en los actos de corrupción- ambas partes participan en un delito, pero nunca en la misma proporción y grado de responsabilidad.
En nuestra democracia republicana; ¿a quienes elegimos, los votantes, para constituirse en autoridad y administrar el erario?. Los ciudadanos (dueños de México) no les damos la llave de la caja a falsos empresarios corruptores; los administradores y máximos responsables de nuestro patrimonio público son nuestros servidores y funcionarios públicos.