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Expertos alertan por afectaciones a la competitividad, el medio ambiente y la reputación internacional de México con la Reforma Eléctrica

  • En el segundo día del “Diálogo Abierto sobre la Reforma Eléctrica, Impactos Al Bienestar”, organizado por COPARMEX, consideran ponentes que es innecesaria, una reforma constitucional para fortalecer a CFE
  • Destacan panelistas interdisciplinarios como prioridad poner el foco en los efectos del cambio climático; México es vulnerable por su posición geográfica.

Analistas, senadores, diputados y expertos en materia energética, abordaron en las mesas tres y cuatro del “Diálogo Abierto sobre la Reforma Eléctrica, Impactos Al Bienestar”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el análisis de la iniciativa presidencial desde la perspectiva internacional y el desmantelamiento del mercado eléctrico y sus afectaciones.

En la tercera mesa de trabajo, Juan Rodrigo Moreno, líder de la Mesa T-MEC de Coparmex, cuestionó a los panelistas: ¿Hacia dónde va el mundo en cuanto a políticas públicas en materia energética? Con esta propuesta de iniciativa ¿cómo queda México, la iniciativa está acorde a las prácticas internacionales? ¿Qué implicaciones tendría la aprobación de la reforma para México en términos de los instrumentos suscritos por nuestro país? y ¿cuáles serían las implicaciones e impactos en términos de posibles incumplimientos en el marco del TMEC y demás acuerdos?

Con base en ello, María José Treviño, directora general de México en Acclaim Energy aludió al informe del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de EU, donde se alerta que de aprobarse la iniciativa, México incrementaría sus emisiones de carbono entre un 26 y 65 por ciento, subiría costos de generación entre el 32 y 54 por ciento y además, elevaría su probabilidad de apagones entre un 8 y 35 por ciento; pero adicionalmente, pondría en riesgo la expansión de las empresas que requieren energía limpia para su producción.

Añadió que se sumarían afectaciones a la exportación debido a los planteamientos realizados por la Unión Europea, donde se pretende impedir la entrada de productos con ciertos niveles de carbón. Esto obstruiría la llegada de nuevas empresas a México e impactaría en las exportaciones y en la competitividad de aquellos negocios que ya están en el país.

Por su parte, Gerardo Cuerva Valdivia, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) abrió su participación asegurando que en la situación del sistema energético en México se debe salvaguardar la seguridad jurídica, para que las decisiones gubernamentales estén avaladas por estrategias a largo plazo.

Posteriormente explicó la situación de España en materia  energética y compartió las que considera son las tres claves para el crecimiento del sector como son: abastecimiento, protección de los consumidores y sostenibilidad, que siempre han de realizarse en un mercado liberalizado para garantizar la competencia. Para finalizar, aseguró  que los empresarios deben estar de lado de la sociedad y remató “la base del bienestar social, de la protección, emana de las compañías privadas”.

En su intervención, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la implementación del T-MEC, planteó que la iniciativa de reforma, tal como está concebida, modifica de fondo el modelo económico del país pues altera reglas de juego, nacionaliza recursos, cancela contratos vigentes, afecta el ámbito de particulares y, de aprobarse, constituye violaciones a compromisos internacionales.

Señaló como efectos preocupantes la monopolización de toda la cadena de valor de la energía eléctrica y la desaparición de órganos reguladores. Añadió que independientemente de sus efectos jurídicos inmediatos, se debe reconocer que se está ante una disyuntiva entre dos modelos de país, uno es el México próspero  y otro de un país de los años 60, en el que la reforma no va a corregir las fallas del modelo actual, sino que las va a acentuar, por lo que el tema debe ser “cómo consolidar un modelo de desarrollo incluyente que satisfaga las necesidades de los mexicanos del Siglo XXI y de la economía”.

Añadió que en el ámbito internacional esta iniciativa se debe analizar a la luz de dos criterios, el primero, la amplia red de tratados internacionales y, por otro, el desafío global que representa el cambio climático, aspectos donde esta reforma significaría un retroceso, una involución en el ámbito jurídico y constitucional e implicaría la violación de tratados que entrañan compromisos de principios con la comunidad internacional, lo que sería un daño para la reputación de México al exterior. Aseguró que como senadora, no apoyará esta iniciativa.

Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Negocios Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía y experto especialista en negociaciones comerciales internacionales, puntualizó que, en una perspectiva hacia adelante, tenemos que ser conscientes que esta iniciativa “le pega al corazón de la competitividad del país”, pues entre el 70 y el 72 por ciento del PIB se explica por las operaciones de exportación. Por ello “suena todavía más difícil de entender por qué se promovería algo que efectivamente va a poner en riesgo nuestra competitividad, nuestra relación comercial con aquellos países con los que actualmente estamos vinculados y, sobre todo, en el mediano plazo, nuestra economía del futuro”.

El CEO de Core Regulatorio de Costa Rica, William Villalobos Herrera ofreció una visión desde el exterior y aseguró que la reforma de 2013 tuvo efectos positivos, pues provocó una atracción de inversiones importantes de jugadores internacionales a México por 44 mil millones de dólares, mientras que la iniciativa actual ha generado una alta incertidumbre entre los inversionistas. Destacó que el cambio regulatorio preocupa desde el punto de vista de la seguridad de las inversiones, pues se está haciendo “todo lo que la teoría regulatoria dice que no hay que hacer” ya que se está permitiendo, vía una reforma constitucional, el cercenamiento de la independencia de toda agencia o autoridad administrativa independiente”.

En la mesa número cuatro, donde los participantes abordaron el “Desmantelamiento del Mercado Eléctrico y sus Afectaciones” el moderador, Carlos Aurelio Hernández González, vicepresidente nacional de energías renovables de la Comisión de Energía de Coparmex reiteró que la posición de la patronal mexicana está orientada al diálogo, donde se ponga al centro del debate a las familias mexicanas y a los consumidores de electricidad, pues con la reforma del Ejecutivo se crearán deficiencias en el mercado que aumentarán las tarifas y restarán competitividad a las empresas nacionales.

En su participación inicial, la coordinadora del programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, Ana Lilia Moreno, dijo que uno de los aspectos más preocupantes de la reforma, es cómo va a afectar la  supremacía administrativa de la CFE a la que se dotará de un carácter monopólico que la pondría a cargo de toda la cadena de valor de la industria. En este caso actuaría como órgano regulador, como autoridad y, además,  tendría la responsabilidad exclusiva de implementar las políticas de la transición energética del país.

En su turno, Rosanety Barrio Beltrán, analista independiente del sector energético explicó qué significa el mercado eléctrico, las formas de participación de las empresas y las implicaciones de la reforma del 2013 en la que “se creó el mercado eléctrico” pues se obligó a que CFE concursara la compra de energía para adquirir la más barata y renovable. Sentenció que “los problemas que enfrenta la CFE pudieran ser resueltos con cambios y ajustes regulatorios y de ninguna manera con un cambio constitucional”.

Para Andrés Lankenau, presidente de la Asociación de Comercializadores de Electricidad, la iniciativa de reforma es intransitable pues pretende acabar con el mercado y, aunque reconoció que se deben buscar mejoras en el sistema, esta no es la forma. Llamó a buscar el diálogo con los diputados e integrantes de la administración para perfeccionar el mercado sin retrocesos, evitando que pase esta iniciativa que “nos afectaría a todos”.

Por su parte, Julia González Romero, abogada especialista en proyectos de infraestructura puso el foco de su intervención en el cambio climático, destacando que México por su posición geográfica es vulnerable, por lo que es importante que se pueda reducir de manera efectiva la emisión de gases de efecto invernadero que en un 34 por ciento provienen de la energía eléctrica.

El diputado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Manuel Herrera Vega, secretario de la Comisión de Energía, puntualizó que esta iniciativa representa un retroceso para el país y una amenaza que tendrá repercusiones en las tarifas eléctricas, situación que no abonará a la competitividad, que atenta contra la seguridad jurídica, desincentiva las inversiones y favorece prácticas monopólicas al otorgar atribuciones a la CFE.

Dijo tener claro que el desarrollo del sector eléctrico al ritmo que lo requiere el país, debe contar con la participación de la Iniciativa Privada y este proyecto de reforma desincentiva ese objetivo y obstaculiza la transición al uso de energías renovables, lo que llevará a México al incumplimiento de acuerdos y convenios internacionales, por ello, advirtió, MC no acompañará este proyecto.

Para cerrar el panel Ramses Pech, asesor en industria de hidrocarburos, geotermia, energía y economía aseguró que no hay que cambiar la Constitución para resolver los desafíos actuales, “no hay que hacer una ley tan rápido”. Lo importante, es una planeación constitucional de largo plazo.

Con la realización del diálogo abierto sobre la Reforma Eléctrica “Impacto al Bienestar”, se busca que todos los mexicanos conozcan los posibles beneficios y afectaciones de la iniciativa de reforma constitucional en materia energética presentada por el Ejecutivo Federal.

El foro comprende la realización de siete mesas de trabajo que concluirán el viernes 29 de octubre con los temas “Certidumbre jurídica para el sector energético. Modificaciones al marco legal”, “Impacto en la competitividad de las empresas. Riesgos para la inversión” y “Afectación al bienestar social y su impacto en la hacienda pública”.

El foro es un esfuerzo de Coparmex para privilegiar el diálogo y construir, con base en él y en información técnica, financiera, medioambiental y científica, las bases que permitan que México cuente con energía limpia, segura y accesible para todos los usuarios, tanto del servicio doméstico, como del comercial e industrial.

La conversación está disponible para libre acceso a través de las redes sociales oficiales de Coparmex.

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Artículo de Opinión escrito por José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex| Vía: El economista X:@JoseMedinaMora Aprobar una reforma