Artículo de opinión escrito por Reginaldo Martín Esquer Félix, vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de Coparmex | vía Reforma
Twitter: @Reginaldo_EF
Chocolate. De la palabra Náhuatl “xocoatl”, de xoco “amargo” y atl “agua”. Alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos que derivan de la manipulación de las semillas del cacao: la masa del cacao y la manteca del cacao. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla, o no, con otros productos, ya sea vainilla, colorante y/o frutos secos.
Autos Chocolate. Vehículos comprados en el extranjero que ingresan a México de forma ilegal. Esta práctica dio origen al término “autos chuecos”, el cual evolucionó con el paso del tiempo a “autos chocolate”.
Recientemente hemos escuchado que el Gobierno Federal pretende emitir un Decreto, como plan piloto, solo para Baja California, que permitirá la regularización de vehículos de origen extranjero que circulan de forma ilegal en territorio mexicano.
Por arte de magia, lo “ilegal” se vuelve “legal”. Pero no necesariamente eso significa que sea justo, ni siquiera correcto. En Baja California ya casi la mitad de los vehículos que circulan son “chocolates”, la mitad sí cumple pagando sus placas, tarjeta de circulación anual y otros impuestos locales, la otra mitad no paga. ¿Qué sentirán cuando se le dice a la mitad de la población que sí paga, que si tienes un vehículo ilegal pero con una placa numerada de ONAPAFA, AMLOPAFA y otras similares, no pagarás nada? Es desesperante, porque ya no solo se trata de vehículos baratos que compran clases sociales económicamente vulnerables, también hay vehículos europeos y asiáticos de alta gama circulando con ese tipo de placas piratas. Como diría la gente, “Qué bonito es lo bonito”.
Nadie niega el problema, pero antes de hablar de las soluciones hablemos de cómo se generó el problema, porque si no lo hacemos estaremos condenados a repetir cíclicamente el mismo error.
El origen es claro, no hay respeto al Estado de derecho, la autoridad federal, estatal y municipal no ejercen sus funciones, nadie quiere cargar con el “problema social” de ¡aplicar la ley!
A qué nivel de complacencia hemos llegado que supeditamos lo popular sobre lo legal. No importa si esos vehículos no registrados a nombre de nadie se utilizan para realizar fechorías, o que no cumplan con estándares de seguridad, que sean contaminantes, que no tengan seguros de responsabilidad civil, o que se afecte la actividad económica formal, todo eso no les importa a nuestras autoridades. Simplemente dejan crecer el problema para luego convertirse en los héroes de la película, emitiendo un decreto salvador y purificador de la ilegalidad.
¿En dónde queda la seguridad jurídica y el respeto a nuestras leyes? ¿En dónde queda la responsabilidad obligada de nuestras autoridades que omiten ejercer sus funciones deliberadamente? ¿Por qué esa permisividad? ¿Siquiera existen acciones previas para que el problema no siga creciendo? La respuesta es simple, la corrupción histórica de México no solo no se ha detenido, sino que cada vez es peor.
Pero lo dramático de todo es que, seguramente en las “soluciones presidenciales” habrá beneficiados, y no me refiero a quienes quizá con muy poco pago “oficial” podrán regularizar sus autos chocolates, sino a quienes con un pago “extraoficial” serán los encargados de enderezar lo chueco.
Ciudadanos mexicanos, estamos obligados a ser guardianes públicos de las leyes, seamos un México que respete el Estado de derecho, aunque nos cueste y nos duela, no dejemos que políticos irresponsables tomen medidas populares al margen de nuestras leyes, protejamos nuestra Constitución, si no el futuro podrá ser muy “xoco” y se nos ira como “atl” en las manos.
