Iniciativa de outsourcing violenta acuerdos internacionales al no consultar a organizaciones; es una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal

Iniciativa de outsourcing violenta acuerdos internacionales al no consultar a organizaciones; es una amenaza al crecimiento y a la creación del empleo formal

  • El Convenio No. 144 de la OIT establece que el Gobierno está obligado a tomar decisiones tripartitas, por lo que debió consultar a los empleadores y patrones.

  • Según datos del Censo Económico 2019, hay 4.6 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad, siendo las industrias manufactureras las que concentran la mayor cantidad con 1.2 millones.

  • Las reformas laborales deberían regular esta modalidad de trabajo para brindar certidumbre para los trabajadores y los patrones, no prohibirla.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hoy una iniciativa que reforma diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el propósito de prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas.

Con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas. Sin embargo, la Administración Federal está obligada por tratados internacionales a consultar y luego a decidir. Asimismo, según datos del Censo Económico 2019, se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad  e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC.

Dicha iniciativa también tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.

Además, la regulación propuesta para los llamados “servicios especializados o ejecución de obras especializadas”, esto es, para que también proceda la deducibilidad de sus pagos y el acreditamiento del IVA respectivo, resulta excesivamente burocrática y traslada obligaciones a los contribuyentes que corresponden originalmente al gobierno, como vigilar que terceros cumplan con sus obligaciones fiscales.

El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal.

Asimismo, la COPARMEX está a favor de cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la Subcontratación Laboral, que cumple totalmente con todos los estándares legales en la materia. Se debe regular, no prohibir.

La subcontratación laboral es una figura utilizada y reconocida en todo el mundo que, empleada correctamente, conforme a las leyes, obligaciones sociales y fiscales a los trabajadores, fomenta el empleo, la economía formal y la inversión. El llamado es a construir un nuevo andamiaje legal a partir del consenso con el sector privado, ya que se tenía el compromiso del Gobierno Federal de que así fuera y ello no se cumplió.

Esta reforma es inflexible y unilateral, anticipamos el riesgo de un triple daño: un deterioro mayor de la crisis económica, un aumento de la informalidad y la inhibición a la creación de nuevos empleos. Aunado a ello, pensar en la prohibición total de la Subcontratación Laboral conocida como outsourcing será un freno adicional al crecimiento económico.

Además, considera que se requiere autorización por parte de la STPS para las personas físicas o morales para brindar sus servicios, ahora con un carácter especializado que deberá renovarse cada 3 años y su inscripción en un padrón público, lo que podría convertirse en una barrera burocrática.

El segundo daño es que inhibirá la creación de empleo, sobre todo, en un momento muy delicado en el que nos enfrentamos a la crisis económica más severa y posiblemente de mayor duración del último siglo. Durante la jornada de Sana Distancia, 12 millones de personas salieron del mercado laboral.

Además, la recuperación ha sido insuficiente, ya que aún 4 millones de personas no han logrado reincorporarse, de las cuales 1 millón corresponden al sector formal. Acciones como la prohibición de la subcontratación implicarán más dificultades para la recuperación del empleo.

Un tercer daño es que aumentará la informalidad, que es uno de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento y el desarrollo de México. En nuestro país, el 56% de la población ocupada tiene esa característica, por lo que endurecer los mecanismos de contratación aunado a la falta de apoyos fiscales, podría derivar en agravar la informalidad y, por ende, profundizar la precariedad laboral.

Tras la crisis provocada por el COVID-19 las condiciones en el mundo deberán de tender hacia la flexibilización. El sector patronal considera que la reforma debe tener como reto principal el regular la subcontratación y no prohibirla. Es decir, vigilar a las empresas que lo utilizan y sancionar a las que simulan. Debe ser cada vez más fácil contratar y ser contratado.

En la COPARMEX instamos al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal a retomar el compromiso de diálogo social que nos permita avanzar en una propuesta de apuesta triple: que proteja a los trabajadores, facilite la recuperación de empleos perdidos y flexibilice el mercado para dar oportunidad a la creación de nuevas fuentes de trabajo. Dejemos de estigmatizar una figura que genera bienestar para los mexicanos y sus familias.

 

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