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Justicia fiscal sin magistrados

Artículo escrito por Domingo Ruiz López, Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex vía Mundo Ejecutivo

Twitter: @domingoruizl

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una institución importantísima para la justicia fiscal en México, ahí se resuelven disputas entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, lo que representa miles de millones de pesos en litigio que no puede ni cobrar la autoridad ni disponer las empresas, por la incertidumbre que existe en su patrimonio, hasta tener una resolución definitiva. La actividad del Tribunal tiene que ver desde luego con el Estado de Derecho, pero también con la economía, la recaudación, las finanzas públicas y la inversión.

Lo lógico en estas condiciones es que se busque fortalecer a este organismo que garantiza el cumplimiento de la Ley para los dos lados, tanto del gobierno como de los contribuyentes; es tanto un órgano de control de poder como del abuso del derecho; de justicia, pues.

Al contrario de las ideas de fortalecimiento, el Tribunal atraviesa un momento crítico. Las personas designadas para una magistratura de Sala Regional son nombradas por el presidente de la República y ratificadas por el Senado para un periodo de diez años, al término de los cuales pueden ser ratificadas por un periodo igual; sin embargo, los plazos de diez años por el que fueron nombrados magistrados están concluyendo y no se están realizando los nombramientos ni su correspondiente envío al Senado de la República para su ratificación.

El problema anterior no es menor; de acuerdo con datos presentados en un reciente foro organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de las 58 salas regionales que existen, en las que debería haber 174 magistrados designados más 10 magistrados supernumerarios, actualmente 102 (55%) cuentan con un nombramiento vigente,  58 (32%) se encuentran vacantes y 21 (11%) ante la incertidumbre de su continuidad o no, promovieron juicios de amparo y obtuvieron una suspensión, de manera que continúan en funciones por decisión de un Juez de Distrito.

¿Qué sucede con las magistraturas vacantes? Las personas que se desempeñan como secretarios del Tribunal, asumen las funciones de magistrados y desempeñan los dos roles, tanto de secretario como de magistrado. Cada Sala se debería conformar con tres magistrados, pero con la situación actual, 18 salas (31%) cuentan con tres magistrados, 12 salas (21%) cuentan con un magistrado y 28 salas (48%) cuentan con dos magistrados.

La problemática merece varias lecturas, todas ellas relacionadas con la calidad de la justicia tributaria, que de acuerdo con el artículo 17 constitucional debe ser pronta, completa e imparcial. Esta justicia se imparte con un tribunal incompleto en la mayoría de las salas, con personas exigidas en sus capacidades y cumpliendo doble trabajo, como he mencionado, tanto de secretario como de Magistrado y, en otros casos, con magistrados en funciones, pero con incertidumbre en su estabilidad laboral, carrera profesional y proyecto de vida, lo que de suyo ya representa vulneraciones a sus derechos.

Otra lectura tiene que ver con la calidad de la justicia, que como hemos dicho debe ser pronta y completa; ante estas exigencias naturalmente los juicios se están ralentizando y encontrando demoras en sus resoluciones, además de que en algunos casos las sentencias no atienden todos los puntos en controversia, lo que retrasa aún más una resolución definitiva por la necesidad de tener que reponer procedimientos y emitir nuevas sentencias.

Las causas de este problema no se pueden saber a ciencia cierta, pero tal vez se relacionen con eficiencia presupuestal y el “ahorro” que representa no pagar los sueldos de las magistraturas vacantes; si esto fuera así, el costo es muy alto y se trata de la imposibilidad del gobierno para cobrar créditos fiscales en litigio y la incapacidad de las empresas para operar con normalidad, tener certeza, invertir, crecer, generar empleo y ¡pagar impuestos!

Para fortalecer el Estado de Derecho, la economía y las finanzas públicas, es imperativo que se lleven a cabo los nombramientos de las magistraturas vacantes y se defina la situación de las magistraturas cuyos periodos está concluyendo; no me refiero a ratificarlos necesariamente, pero sí definir su situación. Todo ser humano tiene derecho a una estabilidad laboral y a una certeza en su trayectoria, y toda sociedad tiene derecho a la justicia de calidad, más aún la que reclaman los pagadores de impuestos.

 

 

 

 

 

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