Justicia tributaria y certeza jurídica: la decisión clave en la Suprema Corte

Artículo de Opinión escrito por Domingo Ruiz López , Presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex. | Vía: @ElFinanciero_MX

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El fallo de la Suprema Corte no solo definirá el futuro de miles de empresas y millones de empleos, sino que también enviará un mensaje claro sobre el compromiso del país con la certeza jurídica y la atracción de inversiones.

A los jueces se les conoce por sus sentencias. Sus decisiones no solo determinan el curso de casos individuales, sino que también configuran el entorno jurídico, económico y social de un país. Es probable que hoy, jueves 27 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome una decisión de gran trascendencia: definir si las empresas que operan bajo el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) deben pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) dos veces por la misma operación.

La ministra Yasmín Esquivel, ponente del asunto, tiene una oportunidad histórica para sentar un precedente justo y alineado con los planes de desarrollo económico del país. Un fallo en contra del sector manufacturero podría desincentivar la inversión extranjera, socavar la certeza jurídica y afectar la competitividad de México en el contexto del nearshoring y el Plan México, una estrategia clave para la reubicación de cadenas productivas en nuestro territorio.

El nearshoring y la apuesta por el futuro

México tiene una oportunidad irrepetible en el contexto geopolítico actual. Con la reorganización de las cadenas de suministro globales, la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China, y los incentivos ofrecidos por el gobierno federal a través del Plan México, nuestro país se ha convertido en un destino atractivo para la manufactura avanzada.

Las empresas del sector IMMEX, que representan el 12 por ciento del PIB nacional y generan el 60 por ciento de las exportaciones manufactureras, han sido un motor clave para la economía mexicana. Sin embargo, la incertidumbre fiscal que hoy enfrentan podría frenar la llegada de nuevas inversiones y, peor aún, provocar el repliegue de las que ya operan aquí.

El cobro de 44.64 mil millones de pesos en IVA a las maquiladoras, basado en un cambio de criterio administrativo y no en una reforma legal, contradice principios fundamentales de justicia tributaria, proporcionalidad y neutralidad fiscal. Este cambio de interpretación, impulsado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no solo afecta la operación de las empresas, sino que también debilita la confianza en el Estado de derecho.

Justicia tributaria y seguridad jurídica

La justicia tributaria no es un concepto abstracto; es un principio esencial para el desarrollo económico. Un sistema fiscal justo debe garantizar que los impuestos sean proporcionales, equitativos y predecibles. La seguridad jurídica es un pilar fundamental para atraer inversión, y si las reglas del juego cambian de manera retroactiva, el mensaje que se envía a los inversionistas nacionales y extranjeros es claro: en México, la estabilidad regulatoria está en entredicho.

El SAT argumenta que los bienes involucrados en estas operaciones nunca salieron físicamente del país y, por lo tanto, deben ser gravados con IVA. Sin embargo, el propio Estado mexicano creó el esquema de pedimentos V5 para facilitar la operación de la industria exportadora y reducir costos logísticos. La industria ha cumplido cabalmente con sus obligaciones fiscales bajo este esquema y ahora enfrenta un intento de cobro que contradice los principios de neutralidad y eficiencia tributaria.

La oportunidad de la Suprema Corte

La SCJN debe decidir si confirma un criterio retroactivo que atenta contra la seguridad jurídica o si privilegia un modelo fiscal equitativo que fomente la inversión y el crecimiento económico. La ministra Esquivel, con su proyecto, y el resto de ministras y ministros, con su debate y voto, tienen la oportunidad de marcar un parteaguas en la historia tributaria de México, asegurando que la política fiscal sea un instrumento de desarrollo y no un obstáculo para la competitividad.

El fallo de la Suprema Corte no solo definirá el futuro de miles de empresas y millones de empleos, sino que también enviará un mensaje claro sobre el compromiso del país con la certeza jurídica y la atracción de inversiones. Si la decisión se alinea con los principios de justicia tributaria, se fortalecerá el nearshoring y se consolidará el Plan México como un mecanismo efectivo para el crecimiento económico.

Las sentencias de los jueces definen la historia económica de un país. Hoy, la Suprema Corte tiene en sus manos una decisión que impactará la competitividad de México por décadas. Es momento de apostar por la justicia tributaria y por un futuro de certidumbre para la inversión y el desarrollo. #OpiniónCoparmex