La Voz de la IP | Dimensión social de las inversiones: un debate obligado

Artículo escrito por nuestro Presidente del Comité de Estrategia Pública Gustavo Almaraz Petrie.
Twitter: @gustavoalmarazp

En las décadas recientes se ha desarrollado la concepción de que hay factores que propician el ambiente de negocios de un país.

Hoy, el valor social de las empresas, sus políticas de gobierno corporativo y responsabilidad social, así como su compromiso con el medioambiente, influyen también en su reputación y, por ende, las vuelven más atractivas a la inversión.

Algo similar sucede con las condiciones que un gobierno establece, a través de sus acciones y políticas públicas, con el objetivo de crear un círculo virtuoso que, por un lado, propicie crecimiento económico, atracción de inversiones, generación de empleos de calidad y, por otro, ello redunde en mayor desarrollo social, en la cobertura de las necesidades básicas de educación, salud y bienestar social en general.

En la actualidad, la retórica política es insuficiente, lo que importa al ciudadano de a pie es qué está haciendo su gobierno para garantizarle un mínimo de bienestar social. Ahí es donde la dimensión social de las inversiones es relevante.

Los sectores productivos nacionales pueden comprometerse y buscar alianzas con el gobierno para trabajar de manera bipartita y solidaria, pero para ello es necesario que alrededor de esa comunión, existan mínimas garantías y un ambiente propicio para que existan ganancias, desarrollo sectorial y cadenas de valor.

La pregunta es ¿qué está haciendo el gobierno actual para propiciar esas condiciones?, ¿qué políticas públicas podemos impulsar en conjunto, sector público y privado, para generar crecimiento económico que beneficie también a los sectores sociales más desfavorecidos?

Un hecho es insoslayable, si no hay producción, no hay crecimiento, si no hay crecimiento, no hay inversión y si no hay inversión, no hay desarrollo.

A pesar de los esfuerzos por contar con un marco regulatorio que genere confianza y certidumbre, el gobierno tiene que definir reglas claras para la inversión. Es decir, que quien invierta en México tenga la claridad de que, una vez ganado un contrato u otorgado un permiso, dentro del marco legal, será respetado, sin importar quién esté en el gobierno.

Además, ejecutar la inversión pública y estimular los proyectos de asociación público-privada. La instalación del Gabinete para el Crecimiento Económico puede abrir un canal de interlocución, permitir que el sector privado sea consultado previo a la toma de decisiones y que se le incluya en el diseño de políticas públicas que propicien la inversión.

Combatir la corrupción es una medida loable y efectivamente puede tener efectos benéficos para la economía, pero no cuando es un instrumento de presión para el sector privado, afectando mediante dilaciones de trámites o permisos, el avance de algunos sectores productivos.

Establecer un mínimo de condiciones que favorezcan el desarrollo social debe ser prioritario, coincidimos, pero no cuando se establecen políticas que comprometen la garantía de derechos básicos.