La Voz de la IP | Hacia una Convención Nacional Hacendaria

El Convenio de Coordinación Fiscal vigente fue diseñado en el México de los años 40 del siglo pasado. En ese entonces no existían contrapesos al gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales mantenían una organización precaria. En casi ocho décadas no ha habido un ajuste significativo a ese acuerdo, salvo las fórmulas de reparto diseñadas a finales de los años 70.

Tal cual está planteado, el actual esquema de Coordinación Fiscal adolece de severas deficiencias como lo son:

1) Permite que la Federación concentre de manera inmoderada la recaudación,

2) Limita en exceso las facultades de los gobiernos locales, y

3) No genera incentivos para construir una mayor capacidad tributaria en los estados y municipios.

Más de la mitad de los recursos que gastará el gobierno federal en 2019 provienen del cobro de contribuciones que se lleva a cabo en forma desigual entre regiones. Tan sólo cuatro entidades: Ciudad de México (37.5 por ciento), Estado de México (12.2 por ciento), Nuevo León (6.8 por ciento) y Puebla (3.6 por ciento), aportan 60 por ciento de los ingresos tributarios del país en su totalidad.

Las fórmulas actuales para la distribución de aportaciones y participaciones entre las entidades federativas son claramente inequitativas. La mitad de las entidades federativas que menos impuestos federales recaudaron (12.5% del total nacional), recibieron más de la mitad (55%) de las aportaciones y participaciones, en perjuicio de las que tuvieron un mejor desempeño en la captación.

Este modelo genera una gran dependencia de las entidades federativas por recursos federales, pues los estados terminan teniendo ingresos determinados mayormente a nivel federal, independientemente de sus esfuerzos recaudatorios.

Por ello, es necesario iniciar un debate nacional, una discusión base cero sobre un nuevo régimen de competencias tributarias, así como de los modelos para determinar la distribución de los recursos fiscales de forma más justa entre los distintos órdenes de gobierno y entre las distintas entidades federativas.

Ello puede lograrse en el marco de una Convención Nacional Hacendaria, que debería ser convocada por el gobierno federal este mismo año.

Ese sería el marco idóneo para repensar las competencias hacendarias, a fin de que puedan modernizarse los modelos de recaudación, estatal y municipales, combatiendo la evasión. Los gobiernos subnacionales podrían financiarse con recursos propios, mejorando al mismo tiempo su viabilidad financiera.

No dejemos pasar la oportunidad de actualizar los principios, valores y fines de un renovado federalismo fiscal.