Artículo de opinión escrito por Leonor Quiroz Carrillo, presidenta de la Comisión de Ética e Integridad de Coparmex. | Vía El Sol de México
El Índice de Estado de Derecho de World Justice Project 2020-2021 coloca a nuestro país en el lugar 135 de 139 en Ausencia de Corrupción en el Gobierno. Considerando el puntaje del primer lugar, nosotros tenemos 0.26 puntos y 0.95 tiene Dinamarca, de ese tamaño es la seriedad con la que debemos impulsar la tarea todos los sectores, pues somos el quinto país más corrupto en el mundo. Caímos estrepitosamente 17 lugares comparado con el año pasado y hoy estamos situados sólo después de Uganda, Camerún, Camboya y el Congo; países africanos con graves problemas de violencia, corrupción y pobreza. Aquí, una alerta roja para México pues estamos compartiendo síntomas con países que considerábamos alejados de nuestra realidad y hoy, esa violencia y corrupción nos acerca aceleradamente a la pobreza, a la injusticia, a la impunidad, al abuso de poder, a la muerte y al dolor de seres humanos que habitamos en una misma casa: NUESTRO MÉXICO.
Dejemos de señalar al pasado, al gobierno, al sector privado, a los de un partido político o a los de otro, pues somos corresponsables en nuestra casa, familia, vecindario, trabajo y en cada uno de los ámbitos de nuestra acción cotidiana. Este corrosivo mal no se acaba si no le entramos a combatirlo todas y todos, si no sensibilizamos sobre los impactos en las vidas humanas y su desarrollo, si no deconstruimos, prevenimos, denunciamos y damos seguimiento puntual a los avances y retrocesos en cada rincón de nuestro actuar.
Desde Coparmex hacemos un llamado a no ser indiferentes a los actos de corrupción, de injusticia y de abuso de poder, a denunciar ante las autoridades lo deshonesto, la mentira y la trampa. Abracemos las causas de las víctimas de la corrupción de manera solidaria, valiente y colectiva, pues de lo contrario nuestra indiferencia se refleja no sólo en un índice, sino en graves impactos a los derechos humanos, con mayor énfasis en personas que están en situación de pobreza, con alguna discapacidad, indígenas y afromexicanas, adultas mayores, mujeres, niñez, comunidad LGBTIQ+, migrantes y todas aquellas personas a quienes la corrupción impacta su vida por ser uno de los principales factores de la escaza movilidad social en nuestro país, al impedir acceso igualitario a nutrición, salud, educación, trabajo y justicia, entre otros derechos humanos.
Debemos ser exigentes con nuestras instituciones públicas y ser autocríticos como ciudadanía con quien nos representa en los sistemas anticorrupción nacional y locales: la ciudadanía que conforma las Comisiones de Selección y los Comités de Participación Ciudadana, personas que deberían tener perfiles idóneos, no materializar encargos políticos y estar alejada su actuación de conflictos de interés. Hagamos cada quien lo que nos corresponda, exijamos resultados del andamiaje institucional del Sistema Nacional Anticorrupción y que se modifique lo que se considere necesario, pero actuemos con sentido de urgencia pues hoy es un hecho que la corrupción y la indiferencia a la misma nos está matando, violentando y empobreciendo. #OpiniónCoparmex