
Artículo de Opinión escrito por Juan José Sierra Álvarez , Presidente Nacional de COPARMEX | Vía: @elsolde_mexico X:@jsierraalvarez
Las democracias no se construyen de un día para otro. Se edifican con acuerdos, con instituciones y con reglas que generan confianza. México recorrió ese camino durante décadas, avanzando paso a paso hacia un sistema electoral que permitió la competencia política, la alternancia en el poder y la estabilidad institucional.
La reciente votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional en materia electoral confirma que no existe consenso suficiente para modificar las reglas que sostienen nuestra vida democrática. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. Muy lejos de los 334 votos requeridos para reformar la Constitución. Cuando se trata de las reglas del sistema democrático, la legitimidad depende del acuerdo amplio, no de mayorías circunstanciales.
Las normas que organizan las elecciones no pueden ser producto de decisiones unilaterales ni de coyunturas políticas. Deben surgir del consenso ciudadano y de un diálogo institucional amplio. Así ocurrió con las reformas que, desde la década de los noventa, permitieron fortalecer la autonomía de las autoridades electorales, garantizar la pluralidad política y construir un sistema confiable para la ciudadanía.
Hoy el país enfrenta un contexto distinto. México atraviesa desafíos que exigen atención prioritaria del Estado: recuperar la seguridad en distintas regiones, fortalecer la justicia y generar condiciones para que la inversión crezca y se traduzca en más empleo para las familias.
El contexto económico confirma esta urgencia. La inversión fija bruta registró una caída anual de -1.6% en diciembre de 2025, acumulando 16 meses consecutivos de retrocesos. En los próximos años, además, México enfrentará momentos clave para su desarrollo económico. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y las oportunidades derivadas de la relocalización de cadenas de suministro colocan al país en una posición estratégica. Aprovechar ese potencial exige enviar señales claras de estabilidad, reglas previsibles y respeto al Estado de Derechos.
Cuando las reglas cambian de manera constante, o cuando se abre la puerta a modificaciones sin consenso amplio, la consecuencia inevitable es la incertidumbre. Y la incertidumbre se traduce en decisiones de inversión que se posponen, proyectos que se replantean y empleos que tardan más en generarse.
Por eso, desde Coparmex hemos sido claros: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento.
No porque el sistema sea perfecto. Ninguna democracia lo es. Pero sí porque ha demostrado ser capaz de garantizar elecciones competitivas, alternancia política y estabilidad institucional.
Ante el anuncio de un posible Plan B mediante cambios en leyes secundarias, conviene recordar que la legitimidad de cualquier reforma electoral no depende únicamente de su legalidad formal. También depende de su origen, de su proceso y de la confianza social que genere.
La democracia mexicana se ha fortalecido cuando las decisiones surgen del diálogo, del acuerdo y del respeto a las instituciones. Ese es el camino que ha permitido avanzar durante décadas.
Preservar reglas claras, estables y legítimas no es un acto de inmovilismo. Es una decisión de responsabilidad institucional. Porque cuando se cuidan las reglas del juego democrático, se protege algo mucho más profundo: la confianza en el futuro del país.



