Artículo de opinión escrito por Juan de Dios Barba Presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático
Twitter: @jdbarba
Mientras prácticamente la totalidad de los países que se han visto afectados por la pandemia ha implementado medidas de apoyo a los trabajadores, AMLO ha decidido NO dar apoyo alguno e insiste en financiar a como dé lugar sus programas clientelares (a quienes no trabajan y no producen), así como continuar con la construcción de sus proyectos de infraestructura, algunos de los cuales, se sabe, resultan desde ahora inviables operativa y financieramente.
El sector privado, y específicamente Coparmex, ha realizado múltiples propuestas, cada una de ellas ha sido ignorada o rechazada por el Gobierno federal sin un análisis técnico exhaustivo; de marzo a mayo del presente año, se han perdido (según cifras del IMSS) un millón 30 mil empleos; es indispensable tomar ya medidas que mitiguen los efectos de esta crisis de empleo y/o económica.
Como propuestas con validación técnica están los REMEDIOS SOLIDARIOS, que implican i).- Atender la conservación de los empleos de aquellas empresas que han cerrado operaciones por la pandemia (Salario Solidario), ii).- Garantizar a quienes han perdido su empleo un ingreso mínimo (Seguro Solidario), y iii).- Fomentar la creación de nuevos empleos remunerados por encima de la “línea de bienestar” (Bono Solidario).
En los tres casos, lo que se pretende es que, a través de un gran Acuerdo Nacional, empresas, trabajadores y gobierno, aporten recursos para que los empleados mantengan, sustituyan o alcancen un empleo formal digno y que gocen de las prestaciones a que tienen derecho, con el objetivo claro de sobrepasar la “línea de bienestar” que ha establecido el Coneval.
El costo presupuestal de estas propuestas se estima en 204 mil millones de pesos, casi lo “perdido” por la cancelación del NAICM y menos de la mitad de las pérdidas financieras reportadas por Pemex en este año. Las fuentes de financiamiento también han sido identificadas: la primera, contratar Deuda Pública (hasta 1% del PIB), cifra perfectamente financiable para la economía de México; y, segunda, reorientar el gasto público, posponiendo o cancelando proyectos de infraestructura, como es el caso de la frustrada terminal 3 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Sr. Presidente, es urgente hacer acuerdos por México, aún es tiempo.
