Legislación punitiva genera incertidumbre jurídica a los buenos contribuyentes

Introducción.

Para fortalecer nuestro sistema tributario, México requiere un marco normativo moderno que combata eficazmente la defraudación y la evasión fiscal, sin que paguen justos por pecadores.

Las reformas que serán discutidas próximamente en el Senado y que pretenden clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, deben establecer claramente los candados que eviten estos delitos, pero sin incurrir en una legislación desorbitantemente punitiva que cree una mayor incertidumbre para el país.

Problemática.

En Coparmex reconocemos la gravedad del problema de la defraudación, evasión y elusión fiscal. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se calcula que alrededor de 350 mil millones de pesos es el monto anual de la evasión fiscal a través de facturas falsas. Este monto equivale a ocho veces el último presupuesto anual de la UNAM.

Para los empresarios, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es fundamental para que nuestro país tenga los medios necesarios para crecer. Los impuestos son vitales para desarrollar proyectos de infraestructura, proveer seguridad y crear servicios públicos que permitan fomentar el capital humano.

Reconocemos que el problema de la defraudación, evasión y elusión fiscal es una tarea difícil. El día de hoy, México tiene la peor recaudación fiscal entre los 36 países miembros de la OCDE, con 16.2 por ciento del PIB, mientras que países como Francia o Dinamarca tienen 46.2 y 46 por ciento, respectivamente.

Legislación punitiva.

A fin de tratar de resolver este problema, en las próximas semanas, el Senado pretende discutir iniciativas que buscan tipificar la defraudación fiscal, así como la expedición y adquisición de facturas falsas, como delitos de delincuencia organizada.

Se busca combatir a las llamadas “empresas fantasmas”, que emiten comprobantes que permiten deducir operaciones simuladas, aumentando las penas en prisión a quienes expidan o compren facturas falsas.

En principio, combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es una política adecuada. Es prioritario que la autoridad establezca los candados para frenar a los defraudadores fiscales.

Sin embargo, no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de legislación extremadamente punitiva.

Las reformas planteadas amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente. Preocupa mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias. Confundiendo empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasma debido a cuestiones puramente operativas como la forma en la que se da de alta o baja en el SAT.

Lo que es aún más grave es que podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente. Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza. E incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática.

Estos mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder.

De esta forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada, que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial, cuyos niveles están en sus niveles más bajos en más de un año.

Conclusión.

Debido a los efectos que esta iniciativa podría ocasionar, no puede ser votada sin un análisis extenso y consensuado con todo el sector productivo. Es necesario construir una Ley cuya implementación no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre.

En principio, combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es una política adecuada. Sin embargo, estas reformas tan importantes no pueden ser aprobadas en “fast-track”, como se tiene contemplado.

Por el contrario, se deben revisar ampliamente, con el acompañamiento de especialistas, a fin de que no se acuse de delitos graves a empresas o empresarios que podrían tener operaciones presuntamente inexistentes por circunstancias involuntarias o no intencionales.

Hacemos un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y a construir una legislación acorde con el país que queremos. Es momento de cerrar los espacios a una mala interpretación de la ley, con la que los buenos contribuyentes paguen las consecuencias.

Fuentes:

Tráfico de facturas será considerado como delincuencia organizada. El Universal. Disponible en:

Información financiera del presupuesto asignado anual. Portal de Transparencia Universitaria. Disponible en: http://www.transparencia.unam.mx/obligaciones/consulta/informacion-presupuesto-anual

Los ingresos tributarios siguen en aumento a medida que la mezcla fiscal se desplaza aún más hacia los impuestos sobre las sociedades y al consumo. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Disponible en: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/losingresostributariossiguenenaumentoamedidaquelamezclafiscalsedesplazaaunmashacialosimpuestossobrelassociedadesyalconsumo.htm

Indicadores de Confianza Empresarial. Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ice/ice2019_08.pdf