México necesita un poder judicial autónomo para garantizar estabilidad económica y certeza jurídica

Introducción
La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derechos y un requisito
indispensable para garantizar la certeza jurídica en el país. La reciente reforma judicial ha generado debate
al comprometer la independencia y autonomía del Poder Judicial en México. Aunque sus proponentes
buscan mayor democratización y transparencia, su implementación enfrenta dificultades legales,
presupuestales y operativas que cuestionan su efectividad y legitimidad.
A cuatro meses de su publicación, la implementación de la reforma enfrenta serios cuestionamientos
legales y operativos. Hasta el momento, se han presentado 798 amparos en su contra, lo que refleja el
alto grado de oposición y los problemas estructurales que conlleva. Las contradicciones entre jueces de
distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral
(INE) han generado un clima de inseguridad jurídica sin precedentes, afectando la confianza en las
instituciones y dificultando la organización del proceso electoral.
En esta Señal COPARMEX, abordaremos las implicaciones de esta reforma y las consecuencias que derivan
de la politización de la justicia.
Implicaciones de la Elección por Voto Popular
El cambio en el mecanismo de selección de los jueces, magistrados y ministros representa un reto logístico
y legal de gran magnitud. La creación de Comités de Evaluación por cada poder de la Unión, encargados
de depurar y seleccionar a los candidatos mediante insaculación, ha generado serias dificultades y
disparidad de criterios de evaluación. Uno de los principales señalamientos ha sido la renuncia de los
integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante la imposibilidad jurídica
de continuar con el proceso, entre ellos la falta de base constitucional y legal para su actuación ya que,
para este proceso electoral extraordinario, no se han emitido las leyes secundarias ni los reglamentos
específicos que detallen los procedimientos, criterios y atribuciones de dichos comités. La ausencia de un
marco normativo claro deja a los integrantes sin lineamientos precisos sobre cómo deben evaluar, esto
ha generado incertidumbre sobre la validez de sus decisiones, repercutiendo en un cuestionamiento de
quienes integraron los listados finales, así como modificaciones a los listados finales y los que fueron
remitidos al INE.
El proceso electoral extraordinario de 2025, que incluirá la selección de los nuevos jueces, magistrados y
ministros, presenta una alta complejidad, dado que en las entidades en donde únicamente se vote por
integrantes del PJF, cada ciudadano recibiría al menos seis boletas electorales, con un tiempo estimado
de votación de nueve minutos y quince segundos por persona. Dicha situación se torna más compleja en
estados en donde además de votar por integrantes del PJF se renovarán los poderes judiciales locales,
que serán en 17 entidades federativas; sin tomar en cuenta los casos de Veracruz y Durango en donde se
renovarán las presidencias, sindicaturas y regidurías, situaciones que podrían generar un caos
organizativo sin precedentes.
Irregularidades en las listas de Candidatos
A las complicaciones en la implementación de la reforma en lo que respecta del proceso electoral, se
suman las irregularidades detectadas en las listas de candidatos para la elección judicial, enviadas por el
Senado de la República al INE. La autoridad electoral en sesión pública alertó sobre algunas modificaciones
en los listados sin justificación que aclare los cambios realizados, lo que generó incertidumbre en la
transparencia y falta de certeza en el proceso de selección.
Entre las inconsistencias detectadas se encuentran cambios en el número total de aspirantes, omisión de
datos clave para la fiscalización y errores en información personal, como fechas de nacimiento incorrectas
y registros sin CURP o clave de elector; aunado al hecho que no estaban incluidas las 3 Ministras que
debían de ser incluidas en los listados (de acuerdo a las reglas establecidas en el decreto de reforma).
Ante este escenario, el INE se deslindó de las alteraciones y exhortó a los candidatos a verificar su situación
antes del cierre del proceso, evidenciando la falta de reglas claras que generan incertidumbre en la
organización de la elección.
Crisis en el Comité de Evaluación del PJF y Conflictos Institucionales
El proceso de implementación de la reforma ha derivado en una crisis institucional dentro del PJF. Diversos
jueces de distrito emitieron suspensiones provisionales en contra de la reforma, lo que generó un choque
entre decisiones jurisdiccionales entre los juzgados de distrito y el TEPJF. Mientras que algunos jueces
ordenaron la suspensión del proceso, el TEPJF determinó que el INE debía ignorar dichas suspensiones y
continuar con la organización de la elección.
La falta de claridad en la aplicación de la reforma en su momento, dejó en una situación de vulnerabilidad
a los servidores públicos encargados de su implementación. Ante ese panorama, el INE solicitó una
medida de protección provisional para evitar consecuencias legales, pero el TEPJF insistió en la necesidad
de seguir adelante con la organización de la elección, generando un ambiente de incertidumbre que
impactó negativamente en la confianza en las instituciones.
Riesgos Económicos y de Inversión
El clima de inseguridad jurídica generado por la reforma representa un riesgo significativo para la
inversión nacional e internacional. La falta de claridad en las reglas del juego y la politización de la justicia
generan un entorno adverso para el desarrollo económico ante la imposibilidad de garantizar un proceso
imparcial. Según el Índice de Estado de Derechos del World Justice Project (WJP), la politización del Poder
Judicial afecta la confianza de inversionistas. Experiencias en países como Venezuela y Bolivia han
demostrado que sistemas judiciales politizados reducen la competitividad y generan inseguridad jurídica.
Además, la falta de recursos para llevar a cabo el proceso electoral es otro punto crítico. El INE solicitó un
presupuesto de 17 mil millones de pesos para la organización de los comicios, pero solo se aprobaron 13
mil 476 millones, lo que ha obligado al Instituto a buscar una ampliación presupuestaria de mil 511
millones de pesos para cubrir la contratación de personal y garantizar el correcto desarrollo de la elección.
Postura de COPARMEX
En la Confederación, consideramos que la reforma al Poder Judicial atenta contra la independencia
judicial, socava la certeza jurídica y debilita el Estado de Derechos en México. La elección de jueces,
magistrados y ministros por voto popular abre la puerta a la politización de la justicia, comprometiendo
la imparcialidad en la impartición de justicia y generando un clima de desconfianza que impacta
negativamente la inversión y el crecimiento económico del país.
La intromisión del Senado de la República en el proceso de selección de jueces representa una violación
flagrante a la Constitución y a la independencia judicial. En COPARMEX, junto con diversas organizaciones
y colegios de abogados, hemos advertido el riesgo de que esta interferencia derive en la subordinación
del Poder Judicial a intereses partidistas, lo que compromete su autonomía y el principio de separación
de poderes. Permitir esta injerencia sentaría un peligroso precedente que vulnera el Estado de Derechos
y afecta la confianza de los ciudadanos y las empresas en las instituciones.
Además, la interferencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en este proceso
es igualmente alarmante. Su decisión de validar la intervención del Senado en la selección de jueces
contradice el Artículo 49 de la Constitución, que establece con claridad la división de poderes y prohíbe la
concentración de facultades en un solo órgano. Al asumir un rol que no le corresponde, el Tribunal ha
permitido una distorsión institucional que compromete la independencia judicial y genera un precedente
negativo para futuros procesos judiciales.
Estas acciones no solo debilitan la autonomía del Poder Judicial, sino que también generan incertidumbre
jurídica, lo que desalienta la inversión y frena el desarrollo económico del país. Sin un sistema de justicia
sólido e independiente, no es posible garantizar la seguridad jurídica que requieren las empresas para
operar y crecer.
La iniciativa de Reforma Judicial del estado de Jalisco coloca a la justicia en el centro de su agenda pública.
Su objeto es fortalecer la independencia del Poder Judicial mediante mecanismos que mejoren la
evaluación y selección de jueces y magistrados. En particular con la creación de la Escuela de Formación
del Poder Judicial del Estado y la transformación del sistema de nombramiento de personas juzgadoras,
garantizarán que el acceso a la carrera judicial sea basado en méritos y conocimientos evitando así
prácticas discrecionales.
Además, la propuesta también busca impulsar la justicia digital y abierta, con un enfoque en el uso de
herramientas tecnológicas que facilitarán y harán más eficientes los procesos judiciales.
Creemos que propuestas como la impulsada en Jalisco son atendibles y pueden servir como guía para las
reformas que se realicen en otros estados. Sus requisitos fortalecen la independencia y profesionalización
del Poder Judicial.
Desde COPARMEX seremos observadores y vigilantes, tal y como lo hemos hecho en cada proceso
electoral desde 1992, para documentar, describir, testificar y señalar los aciertos y errores de lo que será
la primera elección de personas juzgadoras a nivel federal; y de juzgadores a nivel local en 17 entidades
federativas. Nuestra labor será exclusivamente de observación electoral, no de promoción del voto.
Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad a defender la independencia del Poder Judicial y
a rechazar cualquier intento de politización de la justicia, ya que de ello depende la estabilidad
democrática y el bienestar de México.