Muy costoso no respetar principio básico de la administración pública

Artículo de Opinión escrito por Benito Solís Presidente del Comité de Propuesta Económica de Coparmex | Vía: El Financiero

Los gobernantes deben de ser muy cautelosos de mantener sus gastos dentro de lo que le permiten sus ingresos, con el menor daño posible a la producción.

Con gran frecuencia los funcionarios públicos y gobernantes en los distintos países olvidan un principio básico de la administración pública que consiste en que los gobiernos no crean riqueza, sino la obtienen de las personas y empresas que la producen. Los ingresos de los distintos gobiernos provienen de impuestos y de multas, de venta de permisos, licencias y de autorizaciones. Las empresas de los gobiernos con gran frecuencia son monopolios que pueden cobrar precios por arriba del que fijarían los mercados e incluso así tienen pérdidas, como sucede en México con Pemex y con la empresa de electricidad. Esto es así porque sus incentivos son diferentes al que tienen los particulares.

Por lo mismo, los gobernantes deben de ser muy cautelosos de mantener sus gastos dentro de lo que le permiten sus ingresos, con el menor daño posible a la producción interna de los países. Excesivos impuestos a la sociedad reducirán el consumo y la producción perjudicando, en consecuencia, la recaudación fiscal. Son claros los ejemplos de países desarrollados que han reducido sus impuestos y facilitado la creación de empresas para incrementar sus ingresos como son los nórdicos, Irlanda, Suiza y China, entre otros.

El gobierno mexicano ha caído en lo que llamo un déficit fiscal estructural, debido a que se han creado una gran cantidad de programas, apoyos sociales y diferentes subsidios sin definir con claridad de dónde se obtendrán los ingresos correspondientes. Nuestro país contó con ingresos petroleros extraordinarios en décadas pasadas, derivado de descubrimientos petroleros que no se repiten con frecuencia. Sin embargo, su producción actual es menor a la mitad de lo que se obtenían hace algunos años, pero los apoyos sociales se han incrementado de manera significativa.

Como resultado de lo anterior se han dejado de realizar prioridades de los gobiernos, como son proporcionar a los ciudadanos seguridad y servicios públicos, como agua potable y drenaje, así como eficiente administración de justicia y otros muchos más. Basta ver cualquier periódico o escuchar noticias en la radio o la televisión para darse cuenta del grave problema de seguridad que tiene el país o avanzar en la vía pública para darse cuenta de la falta de mantenimiento del pavimento o asistir a hospitales públicos para darse cuenta del deterioro en el servicio de salud.

En la medida en que continúe el elevado déficit público será inevitable la emisión de mayor deuda pública, tanto interna como externa, que presionará a las tasas de interés para que se mantengan elevadas o incluso que suban en términos reales. Esto reducirá aún más la inversión privada, lo que perjudicará el crecimiento económico y la recaudación fiscal, lo que presionará aún más al déficit fiscal, cayendo así en un círculo perverso, como estuvo el país en décadas pasadas.

Esta debilidad económica del país le dificultará enfrentar los distintos retos que se avecinan del exterior, como es el tener en el país vecino un gobierno que agravará las presiones a nuestra economía; así como una desglobalización mundial, en donde se forman grupos de países enfrentados entre sí, en lugar de buscar una mayor cooperación internacional.

De mantenerse el déficit fiscal, será inevitable que el gobierno federal busque obtener ingresos, como podría ser reducir la transferencias y aportaciones que se canalizan en la actualidad a los estados. Otra posibilidad es quitar la autonomía que tiene el Banco Central para que pueda financiar deuda pública, lo que sería la puerta que regresaría al país a un entorno de elevada inflación.

Por lo mismo, este es el momento en que se deben de apoyar las distintas medidas que permitan la reducción del déficit fiscal a un nivel que permita la estabilidad económica del país.