No a la Reforma Electoral; sí a un México seguro.

Artículo escrito por Carlos Chávez de Icaza, Presidente Nacional del Comité de Difusión en COPARMEX | Vía: @SinEmbargoMX X: @cchicaza

Por años, México construyó su sistema electoral paso a paso. Fue el resultado de exigencias ciudadanas, debates intensos y acuerdos amplios que permitieron transitar de la desconfianza a la competencia democrática. Desde la década de los noventa, cada avance fue una conquista: la autonomía de las autoridades electorales, la pluralidad legislativa, la fiscalización de los recursos y reglas claras que hicieron posible la alternancia pacífica. Nada de eso ocurrió por accidente.

Sin embargo, actualmente, el país enfrenta un contexto profundamente distinto. Las prioridades nacionales son claras y urgentes: seguridad, justicia y condiciones para la inversión. En diversas regiones persisten hechos violentos que lastiman a las familias y afectan la actividad productiva.

Al mismo tiempo, México navega un entorno internacional complejo, con revisiones comerciales relevantes y una economía global marcada por la incertidumbre. En este escenario, abrir un debate para modificar las reglas electorales implica distraer energía institucional de los problemas que verdaderamente demandan atención inmediata.

La confianza es un activo frágil. Inversionistas nacionales e internacionales toman decisiones con base en la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la previsibilidad de las reglas. Cuando se envían señales de posible debilitamiento democrático o de alteración unilateral del marco electoral, la consecuencia natural es la cautela. Y la cautela, en economía, se traduce en inversión postergada y empleos que no se generan.

No se trata de afirmar que nuestro sistema sea perfecto. Ninguna democracia lo es. Pero sí es un modelo que ha demostrado su eficacia para garantizar competencia, alternancia y gobernabilidad. Modificarlo exige algo más que mayorías circunstanciales: requiere legitimidad de origen, diálogo abierto y aceptación social. La legitimidad de una reforma no depende únicamente de su aprobación formal, sino de la convicción compartida de que fortalece, y no debilita, el equilibrio institucional.

Existe además una dimensión internacional que no puede ignorarse. México ha asumido compromisos en materia de democracia y derechos políticos que forman parte de su relación con socios estratégicos, incluyendo acuerdos comerciales clave. La estabilidad democrática no es un asunto aislado de la economía; es uno de sus pilares.

Cualquier revisión electoral debe respetar principios básicos construidos desde la ciudadanía: autonomía real de las autoridades electorales; pluralidad que refleje la diversidad política y social; fiscalización sólida y efectiva; inclusión de minorías sin barreras indebidas; y certeza jurídica con reglas claras y estables. Estos pilares no son negociables porque sostienen la confianza pública.

México necesita serenidad institucional. Necesita concentrarse en recuperar la paz, fortalecer el Estado de Derecho y generar condiciones para que la inversión fluya y el empleo crezca. Iniciar una reforma electoral sin consenso amplio introduce polarización en un momento que exige cohesión.

Cuidar el sistema electoral es cuidar la estabilidad democrática. Y hoy, más que nunca, la responsabilidad pública demanda priorizar lo urgente sin poner en riesgo lo que durante décadas hemos construido entre todos.